* Las medidas implican el congelamiento de bienes y restricciones financieras, mientras autoridades estadounidenses no presentan acusaciones judiciales en algunos casos
El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra presuntos integrantes y colaboradores del Cártel del Noreste, entre ellos un activista de derechos humanos, además de dos casinos y otras personas señaladas por su supuesta participación en actividades ilícitas en la región fronteriza del norte de México.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las medidas fueron emitidas a través de su oficina de control de activos e incluyen el congelamiento de bienes bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o empresas de ese país.
Entre los señalados se encuentra Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, a quien autoridades estadounidenses atribuyen presuntos vínculos con el grupo criminal. Hasta el momento, no se han presentado cargos formales ni se han hecho públicos elementos probatorios que respalden dichas acusaciones.
El señalamiento ocurre luego de que en 2023 se diera a conocer que Ramos habría sido objeto de vigilancia mediante el software Pegasus durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En su momento, el entonces mandatario negó que su administración realizara actos de espionaje y sostuvo que no se trataba de prácticas de su gobierno.
Además, el gobierno estadounidense sostiene que el activista habría encabezado una campaña de desinformación contra instituciones mexicanas y realizado acciones para favorecer la imagen del grupo delictivo, lo que contrasta con su labor pública como defensor de derechos humanos.
En el mismo paquete de sanciones, el Tesoro incluyó a dos casinos ubicados en Tamaulipas y a una empresa operadora, al considerar que habrían sido utilizados para el lavado de dinero, almacenamiento de drogas y otras actividades vinculadas al crimen organizado.
Asimismo, se identificó a otras personas presuntamente relacionadas con operaciones del grupo, entre ellas un abogado señalado de actuar como intermediario entre integrantes del cártel y su liderazgo, y un individuo que, según las autoridades, coordinaba redes de tráfico de personas y manejo de recursos ilícitos.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera de México informó que realizó investigaciones sobre las personas y empresas señaladas, detectando inconsistencias en sus operaciones financieras, por lo que presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos relacionados con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal.
El Cártel del Noreste, con presencia en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, fue designado como organización terrorista por el gobierno estadounidense en 2025. De acuerdo con autoridades de ese país, el grupo controla rutas estratégicas para el tráfico de drogas y personas.
Las autoridades estadounidenses indicaron que continuarán con acciones para debilitar las estructuras financieras de estas organizaciones, mientras los señalamientos en algunos casos, como el del activista, permanecen sin procesos judiciales abiertos.
