* Afirmó que existen elementos suficientes para sostener la acusación por presunta falsedad de declaraciones y extorsión en agravio del senador Waldo Fernández
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la detención de Karina Barrón Perales, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del Ayuntamiento de Monterrey, tenga un trasfondo político, y aseguró que, de acuerdo con la información presentada por autoridades, existen pruebas suficientes para sustentar la acusación en su contra.
Durante su conferencia matutina del 2 de marzo, la mandataria explicó que el caso fue expuesto en la reunión del Gabinete de Seguridad y señaló que la detención deriva de una denuncia por presunta falsedad de acusaciones y posible extorsión contra el senador de Morena Waldo Fernández.
Según lo expuesto, el legislador fue señalado previamente por acoso o violación, acusación que, de acuerdo con la versión oficial, logró desvirtuar. La detención de Barrón estaría relacionada con la presunta fabricación de hechos y con la solicitud de dinero a cambio, situación que es investigada por la Fiscalía General de la República.
La aprehensión ocurrió en el municipio de San Nicolás y, conforme a los reportes, está vinculada con declaraciones realizadas en 2024 durante el proceso electoral, cuando Barrón contendió por un escaño en el Senado. El senador Fernández informó que presentó la denuncia correspondiente y solicitó que la audiencia de imputación sea pública, con el fin de transparentar el proceso.
Por su parte, el Ayuntamiento de Monterrey indicó en un comunicado que, hasta el momento, no cuenta con información oficial detallada sobre los motivos de la detención y señaló que, según datos extraoficiales, el asunto sería ajeno a la administración municipal. El gobierno local manifestó su respeto al Estado de Derecho y expresó confianza en que las autoridades competentes conduzcan las investigaciones con apego a la legalidad y al debido proceso.
La presidenta Sheinbaum subrayó que corresponde a las instancias de procuración de justicia determinar responsabilidades y reiteró que el caso debe analizarse con base en los elementos probatorios disponibles, más allá de consideraciones políticas.
