* Desde inicios de febrero se han registrado bloqueos y protestas por el incremento en la tarifa del transporte colectivo, que usuarios aseguran no está autorizado oficialmente.
Redacción / Alfaro Noticias
Habitantes de las colonias El Jobo y Copoya se manifestaron este martes frente las instalaciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte para rechazar el incremento en la tarifa del transporte público en modalidad colectivo en la ruta que conecta estas zonas con el centro de la capital, luego de que concesionarios informaran que el pasaje pasaría de 11 a 14 pesos en los recorridos hacia Tuxtla Gutiérrez.
Durante la protesta, realizada de manera pacífica, los vecinos pidieron que la tarifa se mantenga en 11 pesos, monto que, afirmaron, fue previamente autorizado por la Secretaría. Señalaron que el cobro de 14 pesos afectaría la economía de familias que dependen diariamente del servicio para trasladarse a sus centros de trabajo y estudio.
De acuerdo con lo expuesto por los inconformes, el aumento aplicaría únicamente en los trayectos hacia el centro de la ciudad, mientras que el servicio local dentro de la colonia se mantendría en 11 pesos. También se ha indicado que la tarifa para personas adultas mayores y con discapacidad sería de 7 pesos.
La inconformidad se arrastra desde el 2 de febrero, cuando pobladores bloquearon de manera momentánea el acceso principal a El Jobo y retuvieron una unidad de transporte colectivo tras la colocación de avisos en los vehículos que anunciaban el incremento de 10 a 14 pesos a partir del 1 de febrero. En ese momento, los vecinos señalaron que el anuncio no contaba con sello ni validación oficial.
Los habitantes han recordado que, desde diciembre, el Congreso del Estado y la Secretaría de Movilidad establecieron una tarifa de 11 pesos para rutas urbanas. Aunque algunos concesionarios han argumentado que la ruta es de carácter suburbano, los usuarios sostienen que forma parte de la movilidad regular hacia Tuxtla Gutiérrez y debe apegarse al tabulador autorizado.
Tras las primeras protestas se planteó la instalación de mesas de diálogo entre representantes comunitarios y concesionarios; sin embargo, vecinos afirman que no se alcanzaron acuerdos definitivos y que posteriormente se reiteró la intención de aplicar el nuevo cobro.
Los manifestantes solicitaron nuevamente la intervención de la autoridad estatal para aclarar si existe autorización formal para el incremento.