Suprema Corte valida orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca por delincuencia organizada
* El Pleno revocó el amparo que impedía ejecutar la orden y fijó criterio sobre el estándar necesario para librar capturas en el sistema penal acusatorio
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad revocar el amparo que protegía al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y validó la orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El proyecto fue presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama y obtuvo el respaldo de las cinco ministras y cuatro ministros del Pleno, aunque varios integrantes formularon críticas a la metodología y a los alcances del análisis. La resolución permitirá que, una vez emitido el engrose y notificada la determinación al juez de control con sede en Almoloya de Juárez, se proceda conforme a lo resuelto.
La Corte concluyó que el juez de distrito que había concedido el amparo excedió los límites del control constitucional al realizar una valoración probatoria que corresponde a etapas posteriores del proceso penal. En ese sentido, el máximo tribunal estableció que para librar una orden de aprehensión no se requiere prueba plena, sino datos suficientes que permitan suponer razonablemente la existencia de un delito y la probable participación del imputado.
Durante la discusión, la ministra Yasmín Esquivel Mossa expresó su respaldo a negar el amparo, pero cuestionó que el proyecto pudiera invadir competencias del juez natural. En términos similares se pronunciaron otros ministros, entre ellos el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, y el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, quienes señalaron la necesidad de precisar el alcance constitucional de la decisión. Todos votaron a favor del sentido del proyecto con votos concurrentes.
El caso tiene origen en denuncias presentadas en 2020 por la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República, en las que se señalaba un presunto esquema de triangulación de recursos a través de contratos de obra pública del gobierno de Tamaulipas, transferencias entre empresas y operaciones inmobiliarias. Entre los indicios mencionados se encuentran discrepancias entre ingresos declarados y depósitos bancarios, reportes de operaciones en Estados Unidos y un certificado de depósito por 7 millones de dólares a nombre de un familiar.
En 2021 se solicitó el desafuero del entonces gobernador, que fue aprobado por la Cámara de Diputados. Ese mismo año se libró una primera orden de aprehensión, posteriormente invalidada por la Corte al considerar que se invadían facultades del Congreso local mientras el mandatario aún estaba en funciones. Tras concluir su mandato el 30 de septiembre de 2022, el Ministerio Público obtuvo una nueva orden de captura el 4 de octubre. El exmandatario promovió un amparo que fue concedido en noviembre de 2023, resolución que finalmente fue revocada en el amparo en revisión 435/2025.
Después de conocerse la decisión, García Cabeza de Vaca emitió un posicionamiento en el que cuestionó la resolución y señaló que continuará su defensa legal desde Estados Unidos. Afirmó que su situación jurídica no está definida de manera definitiva y que recurrirá a instancias internacionales si lo considera necesario.