* Organizaciones civiles documentaron ante la ONU casos de tortura, hacinamiento y falta de atención médica en centros penitenciarios del estado durante los últimos 15 años
Redacción / Alfaro Noticias
La práctica de tortura y las condiciones de detención en centros penitenciarios de Chiapas continúan siendo motivo de preocupación, de acuerdo con información presentada al Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la Organización de las Naciones Unidas, durante su reciente visita oficial a México.
Como parte de su mandato, el SPT realizó visitas a distintos espacios de privación de la libertad y sostuvo entrevistas confidenciales con personas detenidas, con el objetivo de evaluar el trato recibido y prevenir posibles represalias. En ese contexto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) entregó documentación relacionada con la situación carcelaria en Chiapas. Esta fue la tercera visita del organismo internacional al país, tras las realizadas en 2008 y 2016.
De acuerdo con los registros presentados, las denuncias abarcan desde el momento de la detención, donde se reportan actos de tortura y tratos degradantes, hasta las condiciones al interior de los Centros Estatales de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS). Entre los principales señalamientos se encuentran el hacinamiento, deficiencias en la alimentación, falta de atención médica, trabajos forzados y amenazas provenientes tanto de grupos internos como de personal penitenciario.
Entre 2010 y 2025 se han documentado al menos 20 casos de tortura y otras violaciones a derechos humanos en el sistema penitenciario chiapaneco. Cuatro de estos corresponden a personas detenidas en operativos atribuidos a la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en municipios como Cintalapa, Frontera Comalapa, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez.
La información entregada incluye casos específicos de personas que, tras su detención, fueron recluidas en distintos CERSS sin recibir atención médica adecuada, así como procesos penales en los que se señala la presunta obtención de declaraciones bajo tortura. También se documentan traslados sin justificación clara, los cuales, según los registros, han afectado la continuidad de los procesos judiciales y el contacto con familiares.
En materia de salud, se reportan padecimientos recurrentes entre la población penitenciaria, como problemas gastrointestinales y afectaciones psicológicas, sin que exista una atención médica suficiente. Asimismo, se señalan prácticas como cobros por el uso de espacios básicos, ingreso de artículos o actividades internas, así como cateos frecuentes y pérdida de pertenencias.
A nivel institucional, se informó que la Fiscalía para la Investigación del Delito de Tortura en Chiapas fue sustituida en 2025 por una Unidad Especializada adscrita a la Fiscalía de Derechos Humanos. Sin embargo, hasta el momento no se han reportado avances significativos en la resolución de los casos documentados.
La información presentada ante el SPT también advierte sobre limitaciones para el acceso a datos públicos relacionados con el sistema penitenciario, lo que dificulta el seguimiento de las denuncias y la evaluación de las políticas de prevención y sanción de la tortura en la entidad.
En materia de salud, se reportan padecimientos gastrointestinales recurrentes y afectaciones psicológicas como ansiedad y estrés postraumático, sin que exista atención médica suficiente. Además, se documentan cateos frecuentes, pérdida de pertenencias, extorsiones y pagos obligatorios para el uso de espacios básicos dentro de las celdas.
En el ámbito institucional, se señaló que la Fiscalía para la Investigación del Delito de Tortura en Chiapas fue clausurada y sustituida en 2025 por una Unidad Especializada dependiente de la Fiscalía de Derechos Humanos, la cual, hasta ahora, no ha reportado avances relevantes en la investigación de estos casos.
