* Automovilistas reportan que los puntos de revisión reinstalados en Acapetahua y municipios cercanos operan sin señalización oficial y con presuntos cobros ilegales
Redacción / Alfaro Noticias
En distintos tramos de la Costa de Chiapas se reactivaron retenes de la Fiscalía General de la República que, de acuerdo con transportistas, transmigrantes y automovilistas, funcionan como puntos de cobro ilegal. Los reportes identifican al delegado estatal de la institución, Neri León Aragón, como la autoridad responsable de supervisar estas operaciones.
El periodista Carlos Mejía documentó las quejas que se concentran en la comunidad de Ulapa, en Acapetahua, donde agentes federales volvieron a instalar un punto de revisión sin documentación visible que justificara su presencia. Personas retenidas informaron que cualquier vehículo que traslade unidades usadas hacia Centroamérica es detenido bajo supuestas irregularidades y que, posteriormente, se les exige un pago para continuar su recorrido.
Conductores mencionaron que los agentes realizan las inspecciones acompañados de civiles conocidos como madrinas, quienes participan en la revisión de vehículos, graban a los viajeros y ejercen presión para que entreguen dinero en efectivo o mediante depósitos a cuentas particulares. Un automovilista detenido el 8 de agosto afirmó que le solicitaron catorce mil pesos para permitirle avanzar, sin que mediara un procedimiento formal.
Situaciones similares fueron descritas en Huixtla, Mapastepec, Pijijiapan y otros municipios de la franja costera. Organizaciones de apoyo a transmigrantes señalaron que estos retenes no cuentan con sustento legal y contravienen normas internas de la propia FGR al incorporar a civiles en actuaciones ministeriales.
En Tapachula, operadores de máquinas tragamonedas informaron que personal de la fiscalía intenta cobrarles cuotas para dejarlos trabajar, aun cuando un amparo vigente les reconoce el derecho a operar sin interferencias. El representante del sector, Juan Gálvez, aseguró que las presiones económicas se intensificaron en las últimas semanas.
Los reportes reaparecen a pesar de que el pasado 7 de septiembre la FGR anunció el retiro de los retenes en la zona costa, después de que se acumularan denuncias por presuntas extorsiones a migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Las quejas diplomáticas derivaron en reuniones con cónsules y en la presentación de herramientas como códigos QR y líneas telefónicas para denunciar abusos, aunque organizaciones civiles advierten que estos mecanismos no sustituyen la necesidad de investigaciones internas ni sanciones administrativas.
