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Protestan en Tuxtla para exigir liberación de dos detenidos y esclarecer presunta tortura

Protestan en Tuxtla para exigir liberación de dos detenidos y esclarecer presunta tortura
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* Integrantes de diversas organizaciones instalaron un plantón indefinido frente al Palacio de Gobierno para denunciar falta de avances en los casos de Juan Díaz Montejo y Óscar Trinidad Carvajal

Redacción / Alfaro Noticias

Diversas organizaciones sociales instalaron este martes un plantón indefinido frente al Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez para exigir la liberación de Juan Díaz Montejo, quien está en prisión domiciliaria, y justicia en el caso de Óscar Trinidad Carvajal, hospitalizado tras presuntos actos de tortura atribuidos a elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal.

De acuerdo con Jesús David Díaz Montejo, abogado y hermano del primer detenido, las familias han sostenido reuniones con autoridades estatales durante los últimos meses, sin que existan acuerdos que permitan avanzar hacia la liberación del acusado, quien está por cumplir un año en esta condición. El abogado señaló que la demanda central es que el gobierno otorgue una resolución inmediata y definitiva sobre su situación jurídica.

En el caso de Óscar Trinidad Carvajal, los manifestantes denunciaron que el detenido habría sufrido agresiones físicas en fechas recientes y que permanece bajo atención médica debido a la gravedad de las lesiones. Exigieron que el Estado investigue a los presuntos responsables y garantice un proceso transparente sobre lo ocurrido.

Las protestas fueron convocadas por integrantes del Frente Democrático Revolucionario de Obreros y Campesinos (FDROC), la Coordinadora Internacional de Solidaridad por la Libertad de los Presos Políticos Revolucionarios del Mundo Base Chiapas y el Movimiento Amplio Opositor para la Liberación Nacional. Los grupos realizaron una breve marcha en el parque central antes de instalar el plantón, donde anunciaron que permanecerán hasta obtener una respuesta concreta.

Los participantes afirmaron que ambos casos representan lo que consideran un patrón de criminalización contra integrantes de sus organizaciones y aseguraron que mantendrán la presión pública mientras no haya avances oficiales. Las autoridades estatales no han emitido un posicionamiento detallado sobre las acusaciones, aunque los manifestantes dijeron estar dispuestos a continuar el diálogo si existen propuestas formales.

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