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Grupo Salinas enfrenta 32 juicios por adeudos fiscales; acusa extorsión y presión política

Grupo Salinas enfrenta 32 juicios por adeudos fiscales; acusa extorsión y presión política
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* El conglomerado afirma haber pagado más de 250 mil mdp en impuestos desde 2005, mientras Hacienda mantiene litigios por una presunta deuda de 74 mil millones.

Grupo Salinas enfrenta actualmente 32 juicios con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por un monto superior a los 74 mil millones de pesos, según informó la Procuraduría Fiscal de la Federación. En respuesta, la empresa de Ricardo Salinas Pliego aseguró que se trata de una campaña de presión política y mediática impulsada desde el gobierno federal.

Durante la conferencia presidencial del 27 de junio, la procuradora fiscal Grisel Galeano García explicó que los litigios abarcan diferentes instancias del Poder Judicial, entre ellas la Suprema Corte de Justicia, tribunales colegiados y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Agregó que varios amparos promovidos por Grupo Salinas han frenado la recuperación de recursos por parte del fisco y acusó a ciertos juzgadores de haber actuado con parcialidad.

En un comunicado difundido el fin de semana, el conglomerado empresarial rechazó las acusaciones y sostuvo que entre 2005 y 2024 ha cubierto más de 250 mil millones de pesos en contribuciones. Señaló que los créditos fiscales reclamados derivan de “interpretaciones arbitrarias de la ley”, y los calificó como cobros duplicados, ilegales y desproporcionados.

Grupo Salinas también denunció que los montos han sido “inflados artificialmente” y que los procedimientos legales están marcados por filtraciones de información, presión a juzgadores y condenas públicas sin sentencia firme. Afirmó que las diferencias fiscales deben resolverse en tribunales, no en medios de comunicación, y acusó al gobierno de usar al SAT como herramienta de intimidación política.

La empresa reiteró que continuará su defensa legal y afirmó que los litigios en curso responden a discrepancias jurídicas, no a evasión. También advirtió que la exposición mediática de sus casos constituye una violación al debido proceso y al derecho a una justicia imparcial.

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