* Advirten sobre el riesgo de deforestación, desplazamiento indígena y violaciones a derechos humanos tras el inicio de obras del megaproyecto en Chiapas
Redacción / Alfaro Noticias
Organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos expresaron su preocupación por el inicio de las obras vinculadas a la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque, oficialmente inauguradas el pasado 8 de junio. De acuerdo con integrantes de la red Slamalil Kinal, este proyecto representa una amenaza para los ecosistemas de la región y vulnera los derechos de comunidades indígenas que habitan en el área desde hace generaciones.
Las organizaciones señalaron que la carretera ha sido promovida bajo una lógica de “desarrollo” que no toma en cuenta las necesidades ni la autonomía de los pueblos originarios. Afirmaron que el proyecto viola disposiciones constitucionales y tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, al no garantizar procesos adecuados de consulta previa, libre e informada.
En ese sentido, criticaron la consulta organizada por el gobierno de Chiapas, la cual, dijeron, no cumplió con los estándares mínimos de participación culturalmente pertinente. “Una consulta popular no sustituye el derecho de las comunidades a decidir sobre su territorio”, apuntaron.
Además, recordaron que algunas comunidades han promovido amparos en contra tanto del procedimiento de consulta como del proyecto mismo. Compararon esta situación con el caso del Tren Maya, en el que relatores de la ONU denunciaron violaciones a derechos humanos y daños ambientales. Cinco años después, reconocieron, el propio gobierno federal ha aceptado algunos de estos impactos.
Los opositores también retomaron críticas previas al modelo de megaproyectos impulsado en el sureste. Mencionaron tanto la carta pastoral del obispo Rodrigo Aguilar Martínez como un comunicado del EZLN, donde se advierte sobre el despojo de territorios y el uso de las obras como corredores de control para el crimen organizado.
Entre las principales afectaciones señaladas están la deforestación, la fragmentación de ecosistemas, el desplazamiento de comunidades, la pérdida de modos de vida tradicionales y un posible incremento en la conflictividad social en la región.
Las organizaciones exigieron la suspensión inmediata del proyecto y la realización de consultas legítimas. También pidieron replantear el modelo de desarrollo en Chiapas para que respete el medio ambiente y los derechos colectivos. Finalmente, llamaron a la sociedad civil e instancias internacionales a solidarizarse con las comunidades indígenas afectadas.
