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Desplazados de Nicolás Ruiz solicitan pago y reparación por tierras perdidas

Desplazados de Nicolás Ruiz solicitan pago y reparación por tierras perdidas
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* Las 19 familias afectadas, que suman más de 250 personas exigieron repuestas tras más de seis años sin respuestas oficiales ni condiciones dignas para vivir.

Redacción / Alfaro Noticias

Un grupo de familias desplazadas del rancho El Potrero, en el municipio de Nicolás Ruiz, protestó este miércoles en San Cristóbal de Las Casas para exigir el reconocimiento legal de sus terrenos, el retorno seguro a sus propiedades y una indemnización por los daños sufridos desde su expulsión en 2018.

Los manifestantes denunciaron que un grupo armado ingresó a sus tierras hace más de seis años y los obligó a abandonar sus viviendas. Durante el desalojo, dijeron, sus casas fueron destruidas y sus pertenencias, incluidos animales, fueron sustraídas. Desde entonces, han tenido que rentar cuartos en otras localidades, sin apoyo institucional que garantice su seguridad ni su acceso a una vivienda digna.

Las 19 familias afectadas, que suman más de 250 personas, aseguraron haber adquirido legalmente los predios donde habitaban. Explicaron que cuentan con escrituras y han pagado de forma continua el impuesto predial, lo que, señalaron, contradice las acusaciones que los señalan como invasores.

Durante la administración estatal anterior, relataron, se les ofreció una posible reubicación en terrenos del municipio de Teopisca. Como parte del acuerdo, firmaron tres cheques de 300 mil pesos cada uno, que serían destinados a la compra de los nuevos lotes. Sin embargo, afirmaron que nunca recibieron información clara sobre ese proceso ni los predios prometidos.

Además de solicitar una compensación por la pérdida de sus propiedades, las personas desplazadas pidieron a las autoridades estatales y federales que den seguimiento a las denuncias legales interpuestas desde hace años. Consideran que el caso ha sido ignorado y temen que quede en la impunidad.

Mientras tanto, las familias continúan viviendo en condiciones precarias y bajo incertidumbre jurídica. Su demanda central es que el Estado garantice su derecho a una reparación justa o, en su defecto, asegure su retorno con condiciones de seguridad y legalidad.

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