* El informe del UNFPA revela que Guerrero y Oaxaca también presentan altos porcentajes de uniones infantiles.
Daniela Alfaro
Chiapas es uno de los estados con mayor persistencia de uniones infantiles forzadas, con un 6.3 por ciento de mujeres entre 12 y 17 años casadas o unidas antes de los 18 años, según el informe Acercamiento a los Matrimonios y Uniones Infantiles Tempranas y/o Forzadas (MUITF) presentado esta semana por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Este fenómeno persiste a pesar de las reformas legales que prohíben los matrimonios infantiles, especialmente en las regiones rurales e indígenas del sur del país.
El informe señala que, tras las reformas, ha aumentado el número de uniones no formalizadas en Chiapas, tanto civiles como religiosas, que continúan presentando desigualdad para las jóvenes involucradas. Aunque no siempre registradas oficialmente, estas uniones siguen siendo una práctica común en muchas comunidades. Esta situación representa un aumento respecto al 4.4 por ciento de 2010 y al 6 por ciento de 2000.
En comparación, Guerrero y Oaxaca también registran cifras preocupantes, con un 8.1 por ciento y 7.2 por ciento respectivamente de adolescentes unidas antes de los 18 años. Guerrero muestra el porcentaje más alto entre estos estados, con un incremento del 6.9 por ciento en 2000 al 8.1 por ciento en 2020, mientras que Oaxaca pasó de 7.7 por ciento en 2000 a 7.2 por ciento en 2020.
El informe también destaca que, a pesar de los avances legislativos, las dinámicas sociales en estas regiones siguen favoreciendo estas prácticas. En Chiapas y Guerrero, algunos matrimonios son pactados entre los padres de los menores, a menudo con un intercambio monetario, lo que puede resultar en trabajo doméstico y, en algunos casos, laboral fuera del hogar, limitando el acceso de las jóvenes a educación y empleo digno.
El UNFPA hace un llamado a los gobiernos de todos los niveles y a las organizaciones civiles para reforzar las estrategias de protección y empoderamiento de las mujeres jóvenes en estas entidades. La implementación efectiva de políticas públicas que garanticen educación, acceso a servicios de salud y justicia es esencial para erradicar estas prácticas en el corto y mediano plazo.
