* La narcomanta también señala a varios funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo.
Redacción / Alfaro Noticias
El exfiscal del estado, Raciel López Salazar, ha sido señalado en una narcomanta localizada en Quintana Roo, en la que se le acusa de recibir 2 millones de pesos mensuales a cambio de proteger a miembros del crimen organizado. La acusación ha generado controversia en redes sociales, y las autoridades de Quintana Roo han iniciado investigaciones al respecto.
La narcomanta también señala a varios funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, presuntamente involucrados en proteger a narcomenudistas de la región. El fiscal de Quintana Roo, quien no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones, está siendo investigado junto con los miembros de su administración, quienes estarían recibiendo pagos mensuales por su colaboración con grupos criminales.
El exfiscal de Chiapas, Raciel López Salazar, ya había sido objeto de controversia en 2024, cuando se vio involucrado en un escándalo relacionado con Pedro León Toro, un funcionario de su administración. Toro organizó una fiesta en Tuxtla Gutiérrez, amenizada por la banda Tucanes de Tijuana, lo que generó críticas por el alto costo del evento. A pesar de la polémica, Toro regresó a la FGE bajo la protección de López Salazar en noviembre de 2024.
Además de las acusaciones de colusión con el crimen organizado, la administración de López Salazar ha enfrentado críticas por presuntos actos de corrupción. Documentos oficiales han revelado que tanto López Salazar como otros funcionarios de la FGE recibieron bonos excesivos, sin justificación legal, incluyendo 240 mil pesos para el exfiscal y 310 mil pesos para Rubén Ávalos, director administrativo de la FGE.
Por su parte, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, tampoco se ha pronunciado sobre las acusaciones de corrupción y protección al crimen organizado dentro de la FGE. Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer tanto los señalamientos de corrupción como los posibles vínculos de funcionarios con el crimen organizado.
