* La familia anunció su intención de apelar la sentencia, ya que consideran que la pena impuesta es una burla ante la pérdida de una vida infantil.
Redacción / Alfaro Noticias
Este miércoles, la jueza a cargo del caso de la muerte de Damián “N.”, ocurrida el 7 de febrero de 2023 en la guardería Piguin & Babe, dictó una sentencia de cuatro años y tres meses de prisión para los responsables, Brunett Ortega Solís y José de Jesús Patrinos Burguete, directores de la institución. La condena se deriva de un caso de homicidio culposo, en el cual Damián perdió la vida al ahogarse en la piscina de la guardería.
Sin embargo, los padres del menor han expresado su inconformidad con la sentencia, considerándola insuficiente dada la gravedad de los hechos. Para ellos, la pena no refleja el nivel de negligencia que permitió la tragedia. La madre de Damián, al respecto, comentó que aunque no hay castigo que devuelva a su hijo, la pena impuesta no hace justicia a la pérdida sufrida, y calificó la sentencia como demasiado leve.
Además de la prisión, se estableció que los sentenciados no podrán ejercer profesiones relacionadas con el cuidado de menores y deberán pagar una reparación del daño por un monto de un millón de pesos. No obstante, la sentencia contempla la opción de cumplirla en régimen de semilibertad, lo cual ha generado aún más descontento entre los familiares, quienes aseguran que este tipo de penas no son acordes con la gravedad del caso.
La defensa de los acusados también generó polémica, al calificar las protestas de los familiares como un “berrinche”. En respuesta, los padres del niño reiteraron que la muerte de Damián no fue solo un accidente, sino producto de la negligencia de quienes estaban encargados de su bienestar. Aseguran que la falsificación de los informes iniciales y la falta de medidas de seguridad en la guardería contribuyeron a la tragedia.
La familia de Damián ya ha anunciado su intención de apelar la sentencia, ya que consideran que la pena impuesta es una burla ante la pérdida de una vida infantil. Insisten en que se debe hacer justicia de manera adecuada y ejemplar, para que casos como este no queden impunes y se reconsidere la responsabilidad de las instituciones que cuidan de los menores.
El próximo 18 de marzo se llevará a cabo la lectura oficial de la sentencia, pero tanto la familia como los acusados siguen contemplando opciones legales para impugnarla.
