* García Harfuch, quien en 2014 ocupaba un cargo en la Policía Federal, ha insistido en que no tuvo participación en los hechos ocurridos en Iguala.
Una jueza federal canceló el citatorio que obligaba a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a comparecer como testigo en el juicio contra Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos y vinculado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En su lugar, el funcionario rendirá su testimonio por escrito.
La decisión fue tomada a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), que argumentó que, por su alto cargo, García Harfuch podía testificar sin acudir personalmente. El 21 de febrero, el fiscal Carlos Villanueva Peña, de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), presentó un recurso de revocación del citatorio, el cual fue aceptado por la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales de Toluca.
La resolución se basó en el artículo 45 del Código Federal de Procedimientos Penales, que permite a los altos funcionarios declarar por escrito o desde sus oficinas en casos judiciales. Además, la jueza otorgó un plazo de cinco días a la FGR, la defensa de Casarrubias y los representantes de las víctimas para enviar las preguntas que deberán ser respondidas en el testimonio escrito de García Harfuch.
La cancelación del citatorio ha generado críticas de algunos sectores, quienes consideran que se otorgan privilegios a funcionarios de alto nivel en procesos judiciales relevantes. Colectivos de derechos humanos y familiares de los normalistas han manifestado su descontento, exigiendo mayor transparencia en el caso y señalando que esta decisión podría obstaculizar la investigación.
García Harfuch, quien en 2014 ocupaba un cargo en la Policía Federal, ha insistido en que no tuvo participación en los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero. No obstante, su nombre ha sido mencionado en investigaciones y documentos oficiales, lo que ha generado interés en su testimonio dentro del caso.
A casi una década de la desaparición de los 43 estudiantes, el proceso judicial sigue en curso y cualquier decisión tomada en torno a los responsables o testigos clave es objeto de escrutinio público. Mientras tanto, las familias de las víctimas continúan exigiendo justicia y el esclarecimiento total de los hechos.
