* Mientras algunas entidades han implementado estrategias como los Puntos Violeta, especialistas advierten que se requieren medidas estructurales para garantizar ciudades seguras e inclusivas.
El 70 por ciento de las mujeres mexicanas ha experimentado algún tipo de violencia en espacios públicos, y el 23 por ciento en el transporte público, según datos del Colegio de Urbanistas de México (CUM). El informe Ciudades para las mujeres: Un urgente llamado al urbanismo con perspectiva de género advierte que la falta de infraestructura segura y una planificación urbana sin enfoque de género han incrementado la vulnerabilidad de las mujeres en los espacios urbanos.
El estudio señala que el diseño de las ciudades en México ha priorizado la productividad y la eficiencia sobre la seguridad y accesibilidad de las mujeres. La falta de alumbrado público funcional en el 65% de las vialidades y el mal estado de las banquetas en más del 60% de las zonas urbanas afectan la movilidad y seguridad de las mujeres, especialmente de madres, trabajadoras y personas con discapacidad.
Además, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 del INEGI indica que la violencia psicológica es la más común (51.6%), seguida de la violencia sexual (49.7%) y la física (34.7%). Las mujeres en áreas urbanas presentan mayores niveles de violencia que aquellas en zonas rurales, lo que resalta la urgencia de atender estos problemas en las ciudades.
Ante esta crisis, algunas entidades han implementado estrategias como los Puntos Violeta, espacios en tiendas y comercios donde las mujeres pueden resguardarse en caso de peligro y solicitar apoyo a las autoridades. En Coahuila, este programa ya opera en más de 100 establecimientos y busca expandirse a otras ciudades. Sin embargo, especialistas advierten que estas medidas son paliativas y no sustituyen una planificación urbana integral con perspectiva de género.
México, como firmante de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Nueva Agenda Urbana, tiene la obligación de garantizar ciudades seguras e inclusivas. No obstante, el presupuesto para desarrollo urbano en 2024 es insuficiente para abordar estas problemáticas de manera efectiva, según el Colegio de Urbanistas.
El CUM y ONU Mujeres han exhortado a los gobiernos a invertir en infraestructura segura, mejorar el acceso al transporte público y garantizar servicios básicos para las mujeres. “Las ciudades no son neutrales; reflejan las desigualdades de quienes las diseñan y gobiernan”, afirmó la presidenta del CUM, Nina Carolina Izábal Martínez, subrayando que el urbanismo con perspectiva de género es una deuda pendiente en México.
