* Con el voto en contra de los diputados de Morena y PVEM, el proceso se alargará, lo que ha generado críticas dentro del PAN por la falta de acción en el caso.
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados rechazó este jueves 6 de marzo la solicitud de desafuero presentada contra Cuauhtémoc Blanco, actual diputado de Morena y exgobernador de Morelos. La solicitud fue realizada por la Fiscalía General del Estado de Morelos, que lo acusa de intento de abuso sexual en contra de su media hermana, delito que habría ocurrido cuando era gobernador de la entidad.
La votación fue realizada durante una sesión de la Sección Instructora, donde los diputados Hugo Eric Flores y Adriana Belinda Quiroz, de Morena, y Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), votaron en contra de admitir el proceso. En cambio, el único diputado que se manifestó a favor de iniciar el análisis fue Germán Martínez, del Partido Acción Nacional (PAN), quien criticó fuertemente la decisión de los legisladores oficialistas.
Martínez expresó su desacuerdo tras la votación y acusó a los diputados de Morena y PVEM de buscar alargar el proceso a través de trámites burocráticos innecesarios. “No me presto a impunidades”, dijo el panista, quien afirmó que las pruebas presentadas en el expediente son suficientes para que el caso sea revisado. Además, denunció que la postura de Morena está vinculada a intereses políticos que buscan proteger al exgobernador.
Por su parte, la Fiscalía de Morelos presentó la solicitud de desafuero el 6 de febrero de 2025, basándose en una investigación que lo señala como responsable de un intento de abuso sexual. La víctima, quien es media hermana del exfutbolista, también ha denunciado haber sido víctima de amenazas por parte de personas cercanas a Blanco, lo que ha generado mayor presión en torno al caso.
A pesar del rechazo en la Cámara de Diputados, la solicitud de desafuero no ha sido cerrada y la Fiscalía continuará con su investigación. Sin embargo, la decisión de la Sección Instructora ha desatado un debate sobre la impunidad en casos de violencia de género y el papel de los partidos políticos al proteger a figuras públicas acusadas de delitos graves.
