* Informaron sobre una agresión durante su asamblea plenaria, en el que un grupo criminal realizó disparos e, incluso, golpeó a algunos asistentes.
Redacción / Alfaro Noticias
Indígenas de la comunidad Lacanjá, en el municipio de Ocosingo, han solicitado la intervención urgente de las autoridades ante un reciente ataque armado e intimidaciones que sufrieron durante una asamblea plenaria. Según los testimonios de los afectados, un grupo armado irrumpió en el acto, disparando al aire y golpeando a algunos de los asistentes. Los pobladores temen que los agresores sigan cumpliendo sus amenazas y que la violencia se intensifique en la región.
Los comuneros pidieron que el gobierno estatal, encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, intervenga para garantizar la seguridad en la zona y evitar que la violencia se propague a otras comunidades cercanas. El ataque armado no es un hecho aislado, ya que la comunidad Lacanjá ha estado lidiando con la presencia de grupos criminales que han incrementado su control sobre la región.
Los pobladores denuncian que este grupo ha impedido el ingreso de las fuerzas federales, incluyendo el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina, lo que ha dificultado la aplicación de la ley en la zona. Los habitantes temen que los criminales sigan aumentando su poder en la Selva Lacandona.
Además de las intimidaciones y los ataques, los Lacandones han sido víctimas de extorsión por parte de los grupos armados, quienes los han obligado a firmar documentos para formar parte de sus redes criminales. También han sido forzados a no usar teléfonos celulares para evitar que se comuniquen con las autoridades y denuncien las amenazas que están enfrentando. Las comunidades cercanas, como Corozal y Palestina, han marchado para pedir la intervención del gobierno federal en esta situación.
En respuesta a los ataques, los pobladores han exigido que la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Fiscalía General del Estado, dirigida por Jorge Luis Llaven Abarca, actúen de manera inmediata para poner fin a la impunidad de los criminales. Los Lacandones han señalado que llevan más de dos años enfrentando amenazas de secuestro, cobro de piso y otros actos de violencia que afectan gravemente su seguridad y su bienestar.
La denuncia también ha sido dirigido a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Los habitantes han solicitado que se implemente un plan de seguridad en la región, a fin de restaurar el orden y garantizar que los derechos de los indígenas lacandones sean protegidos.
