* La suspensión será por 18 meses e incluye condiciones como ofrecer una disculpa pública y garantizar apoyo a las familias afectadas.
El titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, enfrenta acusaciones por su presunta responsabilidad en el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes y 27 más resultaron heridos. Organizaciones civiles y familiares de las víctimas han exigido a la presidenta Claudia Sheinbaum su destitución, argumentando que el funcionario ha utilizado recursos públicos para prolongar su defensa legal y evitar sanciones.
Un juez federal suspendió recientemente el proceso penal en su contra por un periodo de 18 meses. Durante este tiempo, Garduño deberá ofrecer una disculpa pública, garantizar la entrega de un fideicomiso a las familias afectadas y participar en cursos de derechos humanos y protección civil. Si cumple con estas condiciones, el caso será cerrado y el comisionado podría ser absuelto. No obstante, colectivos de derechos humanos calificaron esta medida como un precedente de impunidad que agrava la desconfianza en las instituciones.
Organizaciones que representan a los sobrevivientes y familiares han denunciado que el proceso judicial ha estado plagado de irregularidades. Entre los señalamientos destacan la clasificación leve del delito, restricciones en la participación de la sociedad civil y audiencias adelantadas sin notificación adecuada. Asimismo, acusan a Garduño de promover acuerdos que excluyen una reparación integral del daño a las víctimas, limitándose a compensaciones económicas parciales.
El comisionado ha defendido su actuación, asegurando que se encontraba a 1,800 kilómetros del lugar de los hechos en el momento de la tragedia. En entrevistas recientes, Garduño declaró ser inocente y afirmó que su prioridad ha sido promover una justicia retributiva que garantice apoyo mínimo a las víctimas. Sin embargo, estas declaraciones no han mitigado las críticas sobre su permanencia al frente del INM.
A pesar de las acusaciones, Garduño continúa liderando el instituto, a más de cinco años de su nombramiento. Esto contrasta con el anuncio realizado por la presidenta Sheinbaum en octubre pasado, cuando informó que Sergio Salomón Céspedes, exgobernador de Puebla, asumiría el cargo como parte de una “profunda transformación” del INM. Hasta ahora, la transición no se ha concretado debido a trámites administrativos pendientes.
Organizaciones de derechos humanos han insistido en que la tragedia de Ciudad Juárez representa una grave violación a los derechos de los migrantes y han solicitado al gobierno de Sheinbaum garantizar justicia y transformar las políticas migratorias.
