* Los afectados acusan al presidente municipal y a las autoridades estatales de omisión en el caso, exigiendo justicia y el fin del abuso de poder en la comunidad.
Daniela Alfaro
Familiares y autoridades del Grupo II del Ejido San Cayetano, municipio de El Bosque, denunciaron en conferencia de prensa graves violaciones a los derechos humanos contra Alfonso Díaz Díaz, un indígena tsotsil. Los denunciantes señalaron al presidente municipal de El Bosque como responsable de las irregularidades y omisiones que habrían afectado los derechos de Díaz. Además, acusaron la falta de respuesta por parte de diversas dependencias estatales ante las denuncias presentadas.
La denuncia tiene sus raíces en una serie de tensiones políticas que se han desatado en la comunidad de San Cayetano desde 2022, cuando el poder local logró dividir a los habitantes en dos grupos opuestos. Uno de estos grupos, que mantiene el control político y económico, habría recurrido a la persecución de quienes no comparten sus ideales, incluyendo amenazas y, más recientemente, la detención arbitraria de miembros de la oposición, como ocurrió con Alfonso Díaz.
Julio César Pérez Ruiz, defensor de los derechos humanos, señaló que las autoridades locales y estatales han mostrado una inacción ante las denuncias de abuso de poder y persecución política. Pérez Ruiz indicó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha sido omisa en su respuesta, a pesar de haber recibido quejas formales. Según el defensor, esta falta de acción podría estar relacionada con una posible influencia del poder local sobre el organismo.
Virginia López, esposa de uno de los detenidos en el contexto de estas tensiones políticas, relató que su esposo fue arrestado el 4 de enero sin justificación legal por parte de policías del comisariado ejidal. Según López, las autoridades inicialmente alegaron que su esposo estaba involucrado en la venta ilegal de cerveza, pero no encontraron pruebas en su contra. Luego, le exigieron una multa de 20 mil pesos para su liberación, cantidad que no pudo pagar debido a la situación económica de su familia.
López también mencionó que a su esposo se le ha negado la visita y el acceso a alimentos mientras permanece detenido. Según la denunciante, este caso es solo uno de muchos en los que las autoridades no han actuado de manera efectiva para resolver las disputas dentro de la comunidad ni para garantizar la justicia. Además, indicó que en el pasado la familia ya había sido víctima de hostigamiento sin que las autoridades tomaran medidas al respecto.
Los denunciantes pidieron la intervención inmediata de las autoridades estatales y federales, así como de la CEDH, para que se realice una investigación imparcial y se libere al detenido. Asimismo, exigieron que se sancionen a los responsables de las violaciones de derechos humanos.
