* La Asociación de Magistrados y Jueces apoyó la suspensión por riesgos a la independencia judicial derivados de problemas logísticos y recortes al INE.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó revocar la suspensión de actividades del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF), lo que mantiene detenido el proceso de selección de jueces, magistrados y ministros para el periodo 2024-2025. Esta decisión se tomó en sesión privada y deriva de órdenes emitidas por jueces federales en Michoacán y Jalisco, quienes concedieron suspensiones definitivas contra la reforma judicial promulgada en septiembre de 2024.
Con seis votos a favor y cuatro en contra, el Pleno de la SCJN determinó que el Comité debe acatar las medidas cautelares emitidas por el Poder Judicial. Las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, así como el ministro Juan Luis González Alcántara, votaron en contra, argumentando que el Comité excedió sus facultades al suspender unilateralmente el proceso de selección.
La ministra Lenia Batres señaló que el Comité de Evaluación carece de atribuciones para tomar decisiones como la suspensión del proceso electoral. Según Batres, el artículo 96 de la Constitución y los acuerdos plenarios de la SCJN limitan al Comité a funciones técnicas y administrativas, sin facultades para actuar como una autoridad independiente. “No tiene representación jurídica ni puede otorgar suspensiones que sólo competen a la Corte”, sostuvo.
Por otro lado, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) respaldó la suspensión. En un comunicado, advirtieron que el modelo de votación, junto con el recorte presupuestal del INE y la complejidad logística, pone en riesgo la independencia judicial y abre la puerta a irregularidades como la compra de votos y el acarreo de electores.
El Comité de Evaluación del PJF reiteró que continuará acatando las órdenes judiciales mientras las suspensiones sigan vigentes. A través de un acuerdo publicado el 7 de enero, informó que toda actividad relacionada con el proceso electoral queda detenida hasta que se revoquen o modifiquen las medidas cautelares.
La decisión de la SCJN aumenta la posibilidad de que el PJF no entregue al Senado, en el plazo establecido del 7 de febrero, la lista de candidatos idóneos para los cargos judiciales. Esto marcaría un precedente inédito en la coordinación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con implicaciones directas para la renovación de la judicatura en México.
