* Batres calificó esta decisión como una extralimitación argumentando que carecen de facultades para detener el proceso.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó conocimiento de la decisión del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (CEPJF) de suspender el proceso de selección de jueces federales. Esta medida acató una suspensión definitiva otorgada por un juez de Distrito como parte de un juicio de amparo. Sin embargo, el pleno de ministros no emitió un pronunciamiento oficial durante la sesión privada del jueves, donde discutieron el tema por varias horas.
La presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, confirmó que, por el momento, el máximo tribunal únicamente fue informado del asunto. Aunque no se descartó un posicionamiento futuro, la decisión del CEPJF ha generado controversia al interior del Poder Judicial y entre expertos en derecho constitucional, quienes cuestionan los alcances de este organismo técnico.
Por su parte, la ministra Lenia Batres Guadarrama calificó como una extralimitación las acciones del CEPJF al frenar unilateralmente el proceso. Anunció que solicitará la destitución inmediata de los integrantes del Comité, argumentando que su decisión carece de sustento jurídico, ya que sus funciones están limitadas a aspectos técnicos y administrativos, no a la suspensión de procesos judiciales de esta magnitud.
Batres subrayó que, de acuerdo con la Constitución y los acuerdos generales de la SCJN, las candidaturas judiciales son facultad exclusiva del pleno de ministros. Por ello, enfatizó que la notificación del juez debió dirigirse a la presidencia del tribunal para determinar su viabilidad jurídica antes de detener el proceso. “El Comité no puede actuar como autoridad responsable en un juicio de amparo”, declaró.
La situación refleja tensiones al interior del Poder Judicial en medio de la implementación de la reforma constitucional que regula las elecciones de jueces federales. Para algunos ministros, las acciones del CEPJF representan un riesgo para la autonomía y las atribuciones del pleno, mientras que otros consideran necesario esperar una resolución formal antes de tomar medidas.
