Antonio Cruz Coutiño
Capacidades institucionales
Propios y extraños han de reconocer igualmente, la calidad académica óptima y diversificada de sus profesores e investigadores, de su personal docente, su experiencia y cantidad de posgraduados. 76 academias o “cuerpos académicos”, 27 consolidados, 33 en proceso y 16 en formación. Igual que en los últimos años su profesorado se ha enriquecido con inmigrantes de Latinoamérica y el mundo. Es diversa y abundante su oferta educativa, y amplia su participación en el mercado nacional de educación superior: 78 programas en pregrado, 70 escolarizados y ocho a distancia, 53 acreditados, 27,000 estudiantes, alrededor de 17,200 becados y más o menos 2,500 docentes.
Sin embargo, no debiéramos estar satisfechos con lo que hay, o con lo que tenemos en posgrado formal, por ejemplo, a pesar de su diversificación y de su participación dentro del padrón nacional de posgrados de calidad: tres doctorados, 18 maestrías y doce especialidades. Pues es evidente la posibilidad de concretar mejores números y obtener mayor colaboración por parte del personal de la mejor calidad. Del mismo modo como al haber un avance substancial en la certificación de sus procedimientos académicos y administrativos ―vía normas o estándares ISO―, sería posible continuar esa tarea hasta ver concluido el reto.
Y aquí, en el ámbito de las capacidades institucionales, debemos ubicar sus activos expresados en bienes raíces. Terrenos, ranchos y fincas urbanas y rurales, que no deberían ser considerados un lastre, como se escucha en ciertas conversaciones. Pues forman parte de su patrimonio.
Fincas de Huehuetán (Chilpancingo y un cañaveral), Villaflores (San Ramón), Arriaga (El Brillante), Tonalá (un terreno), Jiquipilas (Los Bordos, de 3,160 has), Copainalá (un terreno), el rancho San Francisco de 44 has de la FMVyZ (Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia), Chiapa de Corzo (San José Mujular, de 100 has) y Playas de Catazajá (un terreno de 20 has). Bienes a los que ojalá no les pase lo que al Centro Ovino Teopisca, finca extraviada por desidia e irresponsabilidad. O instalaciones al punto del abandono como el propio edificio Maciel de siete pisos en el centro de Tuxtla Gutiérrez, o el Centro Cultural Balún Canán, en donde se incluye la librería del FCE (Fondo de Cultura Económica) José Emilio Pacheco.
Bienes e instalaciones que carecen de un inventario público. Y sobre los que bueno sería conocer su adscripción, uso, destino y estado; igual que la de la infraestructura general y en particular la de sus planteles escolares, que debía ser de la cantidad y calidad correspondiente a los estándares e indicadores nacionales. O a los que debe ponerse especial atención y cuidado, debido a sus inventarios sensibles. Nos referimos a las existencias de maquinaria, herramientas y equipos; semovientes, especies menores, materiales, productos e insumos; como en los casos de Agronómicas, Agrícolas, FMVZ, Veterinaria extensión y las dos Medicinas. O casos puntuales de desatención como el abandono del auditorio nuevo de la Facultad de Humanidades.
Debemos celebrar y encarecer asimismo, como parte de sus activos valiosos, su propia antigüedad e historia; los 50 años que ahora celebramos, igual que el prestigio que de ello deriva. Su centenaria Facultad de Derecho en San Cristóbal de Las Casas, sus cinco o seis instituciones en esa ciudad: Derecho, Ciencias Sociales, Universidad Virtual, Lenguas, EGAI (Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena) e IEI. Y se nos antoja que a Chiapas y a la Universidad le hace falta ahí precisamente, el mejor escaparate del Sureste: el Museo Nacional de la Izquierda y de los Movimientos Sociales, a fin de relanzar sus carreras y proyectos humanistas y socioculturales.
No olvidar sus instalaciones y servicios en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula; su anual FIL UNACH (Feria Internacional del Libro) y la… ya próxima, renovada y anual Muestra Internacional de Cine, en asociación con la Cineteca Nacional.
Cultura de la autocrítica
Y aunque nos duela hasta el alma, debemos tocarnos esa llaga horrorosa; la ausencia de esta práctica fundamental: la cultura de la autocrítica, la del juicio y la evaluación colegiada; la voz abierta, la discusión constructiva. La cultura del análisis sosegado y fecundo de sus dificultades. No al autoelogio. Para luego corregir errores y despropósitos. Para reconocer y entonces superar, verbigracia, la inexistente o quizás desconocida transparencia financiera, o la propia rendición de cuentas. Que deberían ser distintivas de las instituciones públicas.
Bien es cierto que el rector Pedro René Bodegas, algo de eso ensayó durante su administración. Aunque… habría de proyectarse algo de luz en la opacidad de la administración de los recursos financieros de la Universidad. Igual que la DGP (Dirección General de Planeación) podría corregir su deficiente intervención en la programación del presupuesto universitario.
Es observable cierta ausencia comunicacional, o quizás deficiencia de relación entre las unidades académicas situadas y las oficinas centrales. Lo que lleva al pronto deterioro de situaciones previsibles, fallas en la gobernabilidad local, y desconocimiento de los datos duros vinculados a la calidad de sus servicios.
Del mismo modo como es típica la falta de idoneidad en el perfil del personal administrativo. (Médicos y enfermeras en donde se requieren capturistas o ingenieros). Vicios e inercias en la contratación, entonces, agravados por compromisos sindicales espurios. Es el caso de la malhadada “herencia de plazas” del STAUNACH (Sindicato de Trabajadores Administrativos), igual que desafortunadamente persiste la duplicidad de funciones al interior de la estructura organizacional.
Pero aún, lo que más duele, son los magros y escasos resultados del ámbito de la investigación científica. No tenemos datos duros, no los encontramos o no los recordamos, pero ello es evidente si nos comparamos con la USAC (Universidad de San Carlos) en Guatemala, o con las universidades de la Península, Veracruz, Puebla, el centro del país, la ciudad de México, las del Bajío y las del Norte del país, e incluso la propia UJAT (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco). Situación que ahora mismo confirmo, al teclear en el Google Chrome la entrada “Ranking calidad académica Universidades México”.
Y la otra gran cuestión: el desperdicio de recursos humanos calificados, experimentados. Cuando los viejos, productivos, deberían formar parte del Consejo Universitario, de la Junta de Gobierno, del Comité Permanente de Finanzas y demás órganos de decisión, consulta, arbitraje y calificación; al nivel central y de las unidades académicas.
Y, en tal sentido, no debe considerarse así, el apartamiento de la Universidad respecto de la formación de ingenieros, pues, las carreras científico-técnicas no forman parte de su vocación ni de sus propósitos. Y expreso esto por las ideas desinformadas que por ahí circulan, lo que implicaría su involucramiento en el campo de la electricidad, la electrónica, el petróleo y las energías renovables.
Sí es cierto, sin embargo, el desconocimiento actualizado de las necesidades de los empleadores del sur-sureste del país y de sus “industrias”: servicios, turismo, gobierno, agropecuarias y agroindustrias. Igual que es palpable nuestra falta de información y estudios sobre las tendencias locales e incluso focalizadas del mercado laboral. Razón por la que existen desfases e incongruencias entre currícula y habilidades; todas relacionadas ―que ni duda quepa―, con las fallas de la Universidad en la acreditación permanente de sus programas educativos.
Nula es su participación en la oferta de estudios superiores del ámbito centroamericano. Ello a pesar de que parte de su Misión sería “vincula[rse] con la sociedad en entornos locales, nacionales e internacionales”, igual que debemos asumir ―bien es cierto que con pena y algo de molestia―, el relativo desprestigio ético y académico de las Medicinas en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, Arquitectura y Derecho. Ello ante algunas denuncias de corrupción e irregularidades en el proceso de admisión.
O las conductas de acoso y ausentismo laboral que de cuando en cuando se manifiestan en el ámbito de dependencias universitarias y planteles puntuales. Y finalmente, la fallida e inexistente instrumentación del proyecto Radio y Televisión UNACH, no obstante que, desde la Facultad de Humanidades la propusimos originalmente hace 28 años.
Inconvenientes menores
Cierto. Otras dificultades menores aunque no menos importantes, serían ―a reserva de efectuar algún calado más profundo―: la disminución a la que se ha visto sometida la Tienda UNACH, que aunque tuvo dos espacios visibles, propios, hace falta su presencia en los centros de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal, al menos a un nivel testimonial. O la cuestión de la urticaria e insatisfacción laboral que provocan esas variedades de nepotismo familiar e intergeneracional vigentes.
La “carrera docente” o PDPD (Programa de Estímulo al Desempeño del Personal Docente), desde hace tiempo convertido en negocio de vivales y mar de inconsistencias. La ausencia de una norma asociada a la oferta comercial de alimentos al interior de la Universidad; norma que debe proteger la salud y el bolsillo de estudiantes y docentes y… algunos “servicios sobrados”, como el de las guarderías para hijos de estudiantes.
Aunque, para volver a cuestiones de mayor peso, ahí estaría el “costo promedio anual por estudiante universitario al nivel nacional” que, de acuerdo con el INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) es ahora de $13,824 pesos. El costo de las universidades privadas oscila entre $40,000 y $49,000, mientras que el costo promedio de nuestra Universidad es de $43,843.59, de acuerdo con su página oficial. Aunque aquí encontramos dos dificultades: a) Adopción de la política nacional de “no rechazar a nadie” y b) Falta de promoción para estudiar carreras sociales básicas: biblio e información, historia, sociología, antropología y economía.
Otra: el “multideportivo Ciudad Universitaria”, ubicado en las inmediaciones de la FMVZ. Parte del programa flamante aunque fallido del rector Jaime Valls Esponda. Idea que sin embargo, debería retomarse, a modo de disponer de instalaciones administrativas propias, adicionales, y disminuir y acaso eliminar los alquileres onerosos que la Universidad paga.
Y va otro caso emblemático: la ignorada Fundación UNACH, corporación que debería integrarse cuanto antes con empresarios prominentes egresados de la institución; bienhechores, benefactores, activistas y filántropos. Y ratificar su calidad de órgano autónomo, externo, y casi empresa… destinada a generar prestigio y recursos adicionales a la Universidad. Órgano basado es cierto, en algunos activos institucionales, aunque sin representar carga ninguna a su erario o presupuesto.
Y finalmente, urge ya, por fin, consolidar la identidad gráfica, la identidad mnemotécnica y sociocultural de nuestra Universidad ―incluso vía Ley Orgánica o a través del Estatuto General―, para que ya no sea nunca jamás modificada. Asunto en el que algo avanzó el rector Jorge Ordóñez Ruiz. Ámbito en el que no se vería mal, volver a las andadas: ¡Al registro e incorporación, en la segunda o tercera división del futbol mexicano, de los Ocelotes de nuestra Universidad!
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