* La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, plantea que los fondos provengan de fideicomisos del Poder Judicial.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha propuesto un presupuesto de casi 13 mil millones de pesos para organizar la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prevista para el 1 de junio de 2025. La cifra ha generado controversia, pues se sumaría al presupuesto general aprobado para el INE en 2025, que es de 27 mil 271 millones de pesos, aumentando considerablemente el gasto electoral del país.
El proyecto de financiamiento podría aprobarse en las próximas sesiones de la Comisión de Presupuesto del INE, y se destinaría exclusivamente para la elección del Poder Judicial. Según la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, estos recursos pueden ser cubiertos sin afectar el presupuesto federal, gracias a los fideicomisos acumulados por el propio Poder Judicial a lo largo de los años, los cuales, argumenta, deben destinarse “al bienestar del pueblo”.
Alcalde ha defendido en varias ocasiones la idea de que los fideicomisos del Poder Judicial podrían usarse para financiar esta elección extraordinaria. Explicó que la reciente Reforma Judicial permite este tipo de uso y asegura que no existen obstáculos legales para destinar estos recursos, en lugar de pedir fondos adicionales al Congreso de la Unión. Sin embargo, la propuesta ha sido criticada por sectores que consideran que usar esos fondos podría afectar la operación de la Judicatura.
El presupuesto total del INE para el año próximo incluye otros gastos importantes, como 15 mil 296 millones de pesos para su operación diaria, 7 mil 352 millones de pesos para los partidos políticos y 4 mil 621 millones de pesos para una consulta popular. Además, se prevén elecciones locales en los estados de Durango y Veracruz. No obstante, la partida para la elección judicial quedó fuera del presupuesto inicial.
Si se aprueba este proyecto, la elección de jueces, magistrados y ministros sería una de las más costosas en la historia electoral de México, incluso superando los recursos destinados a elecciones presidenciales y legislativas anteriores. Esto refleja la magnitud del proceso y el interés de diversos actores políticos en el manejo del presupuesto para este fin.
Las próximas sesiones del INE y los debates en la Cámara de Diputados serán determinantes para definir el origen de los recursos. Mientras tanto, Alcalde sostiene que los fideicomisos deben emplearse en beneficio de los ciudadanos, aunque la propuesta enfrenta resistencia entre quienes consideran que podrían comprometer la independencia financiera del Poder Judicial.
