Diputados aprueban reforma sobre transporte ferroviario para priorizar el servicio de pasajeros
* La iniciativa impulsada por el ex presidente López Obrador y requiere subsidios públicos, ahora será discutida en el Senado.
La Cámara de Diputados aprobó el 8 de octubre de 2023, por unanimidad y con 472 votos a favor, una reforma al artículo 28 constitucional que busca restablecer el derecho del Estado mexicano a utilizar las vías ferroviarias para el transporte de pasajeros. Esta reforma, que ahora será analizada en el Senado, forma parte de una iniciativa impulsada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante una extensa sesión de seis horas, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, subrayó que la reforma recupera la rectoría del Estado en el ámbito ferroviario, priorizando el transporte de pasajeros tras las privatizaciones realizadas en los años 90, que dejaron las vías enfocadas solo en la carga. Monreal también indicó que, aunque la reforma no implica la estatización de los ferrocarriles, sí será necesaria la asignación de subsidios públicos para su funcionamiento.
A pesar del respaldo general a la iniciativa, varios diputados de la oposición manifestaron su preocupación respecto a la implementación de nuevas rutas, citando los sobrecostos y daños ambientales relacionados con el Tren Maya. El diputado del PAN, José Manuel Hinojosa, presentó imágenes de áreas deforestadas y denunció que el proyecto había causado un “ecocidio”, advirtiendo sobre los riesgos de corrupción y falta de transparencia en futuros desarrollos ferroviarios.
El coordinador de la bancada priísta, Rubén Moreira, también expresó su apoyo a la reforma, pero cuestionó la viabilidad presupuestaria del proyecto. Moreira destacó que el endeudamiento del país podría incrementarse significativamente y propuso que los concesionarios de carga deben ofrecer servicios de transporte de pasajeros, aunque su propuesta fue desechada por la mayoría de Morena.
Legisladores de Movimiento Ciudadano añadieron que su voto favorable no significaba un “cheque en blanco” para el gobierno federal. Exigieron que se garantice la inversión de la iniciativa privada y que se eviten proyectos que no aseguren sustentabilidad y transparencia en su ejecución.
