- Rosa Icela Rodríguez subrayó que el Estado acepta su responsabilidad en los actos de violencia que ocurrieron esa noche contra los estudiantes que participaban en un movimiento pacífico.
El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, emitió una disculpa pública por la matanza del 2 de octubre de 1968, durante un evento celebrado en Palacio Nacional. La disculpa fue presentada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien enfatizó que “como Gobierno de la Transformación tenemos la obligación de garantizar que se reconozcan los crímenes perpetrados hace 56 años”.
Rodríguez subrayó que el Estado mexicano acepta su responsabilidad en los actos de violencia que ocurrieron esa noche contra los estudiantes que participaban en un movimiento pacífico. “Los actos de violencia gubernamental perpetrados el 2 de octubre de 1968 constituyeron un crimen de lesa humanidad”, declaró. Este acto busca reconocer el sufrimiento de las víctimas y sus familias, así como garantizar que tales hechos no se repitan.
A pesar de la disculpa, el camino hacia la reconciliación ha sido complicado. En 2018, el entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, se opuso a que el gobierno de Enrique Peña Nieto ofreciera una disculpa a las víctimas. Jaime Rochín, excomisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, recordó que Cienfuegos argumentó que la disculpa podría interpretarse como un ataque contra el ejército, lo que generó tensiones en la discusión.
La presidenta Sheinbaum enfatizó la relevancia de recordar el movimiento estudiantil de 1968 y la necesidad de ofrecer disculpas públicas, un esfuerzo que comenzó con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. “La disculpa pública engrandece a los pueblos, reconoce crímenes como este y, al mismo tiempo, dice nunca más”, afirmó.
Félix Hernández Gamundi, integrante del Comité 68, consideró que la disculpa es un signo esperanzador, aunque señaló que aún queda mucho por hacer en términos de justicia. A pesar de que se ha reconocido el papel del Estado en la masacre, los procesos legales para llevar a juicio a los responsables siguen siendo un pendiente crucial. “Necesitamos que los procesos penales lleguen a su final y que haya sentencias que inhiban futuros actos de violencia”, concluyó.
Víctor Guerra, abogado y sobreviviente de la masacre, destacó la importancia de judicializar las 54 averiguaciones previas que quedaron sin ejecutar por la antigua Fiscalía Especial para Movimientos Sociales del Pasado (Femospp). “Este es el punto de partida para que la Fiscalía General de la República realice su tarea de investigación y juzgue a los autores materiales de este crimen”, subrayó.
