* La consultora Integralia advierte que la politización del sistema judicial y la menor protección jurídica para individuos y empresas podrían conducir a una recesión económica.
La reforma al Poder Judicial aprobada recientemente ha generado preocupaciones en diversos sectores por su posible impacto en la economía y el sistema legal de México. La consultora Integralia advirtió que los cambios podrían resultar en una menor protección jurídica para empresas y ciudadanos, así como en una mayor concentración de poder por parte del gobierno, lo que aumentaría la incertidumbre y podría desencadenar una recesión económica.
Carlos Ramírez, codirector de Integralia, señaló que la politización del sistema judicial y la pérdida de efectividad de los amparos son algunos de los riesgos que trae consigo esta reforma. Según Ramírez, la discrecionalidad en la designación de jueces podría generar un sesgo a favor del Ejecutivo y Legislativo, debilitando los contrapesos institucionales.
Además, la incertidumbre jurídica podría afectar las relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá, quienes revisarán el acuerdo comercial con México en 2026. Ramírez destacó que las empresas podrían verse obligadas a recurrir a paneles internacionales para defenderse ante la falta de confianza en los tribunales nacionales, lo que representaría un costo adicional para los inversionistas.
Por otro lado, el abogado Raúl Andrade, representante de la Fundación Arcoiris, informó que un juez en Colima ha ordenado al Instituto Nacional Electoral (INE) detener los preparativos para la elección de jueces y magistrados. Esto hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva una impugnación en contra de la reforma judicial, lo que suma más tensiones legales al panorama.
En tanto, diversos jueces y magistrados federales han solicitado que la SCJN declare inconstitucional la reforma judicial. Sin embargo, algunos expertos como Ernesto Villanueva han señalado que la Corte no tiene facultades para invalidar reformas constitucionales, ya que la Constitución es la norma suprema del país y las leyes secundarias están subordinadas a ella.