Juan Carlos Cal y Mayor
Uno de los tantos argumentos baladíes que utilizó la 4t para desacreditar el trabajo de la Suprema Corte fue la ausencia de una justicia “pronta y expedita” como lo señala el artículo 17 de nuestra Constitución. Al respecto señala que: “Toda persona tiene derecho a que se administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en plazos y términos que fijen las leyes emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.” Señala además que su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costa judiciales.
Es menester señalar que más de la mitad de los asuntos que resuelve la Corte lo son en última instancia derivados de los fallos de los tribunales estatales que muchas de las veces son revertidas por el más alto tribunal del país, lo cual deja en evidencia la ausencia de criterios adecuados para resolver asuntos de manera tal que resulten literalmente ratificados. En síntesis, se puede inferir que si hicieran bien su trabajo no habría necesidad de recurrirlos.
90% LEALTAD, 10% CAPACIDAD
Resulta qué, a casi ocho meses de su nombramiento, que no fue avalado en dos ocasiones por el senado derivado de la inexperiencia de la hoy ministra y que tuvo que hacer el presidente con base a sus atribuciones, hoy se ve reflejado en la falta de resultados por parte de la susodicha ministra. Ya sabemos que el presidente prefiere la lealtad al 90%, que la capacidad a la que solo adjudica un 10%. Y es que sucede que otros nombramientos que había hecho antes como el caso de la ministra Ríos Farjat y el ministro González Alcantara Carrancá, resultaron comportarse de manera muy independiente resolviendo asuntos que no agradaron al propio presidente.
MINISTRA IMPRODUCTIVA
Según un reporte habitual de resultados que realiza la SCJN, Lenia Batres Guadarrama apareció en el último caso que justificó alegando que su baja productividad se debía a la curva de aprendizaje y acusó que se quiere desacreditar su trabajo en el alto tribunal con “insultos y francas mentiras”. De acuerdo al Criterio jurídico de la Corte: Ese Tribunal determina que las personas juzgadoras, no incurren en responsabilidad administrativa o penal, al no resolver los asuntos sometidos a su cargo, cuando se encuentren todavía en la curva de aprendizaje para conocer y saberlos resolver: “Debido a la curva de aprendizaje, aún no hemos alcanzado el número neto de resoluciones que tienen las demás ponencias este año”.
NOVATOS A LA CORTE
Más allá del escarnio en redes sociales y la crítica en diversos medios al desempeño de la ministra, lo que debería preocupar, es el precedente inmediato que sienta en tanto que la nueva Reforma Judicial planteada por el presidente para sustituir a todos los ministros y jueces no toma en cuenta la experiencia y formación de los futuros juzgadores. Eso dará pie a que profesionistas inexpertos y novatos del derecho puedan ser electos con el aval de Morena ya que tienen que ser propuestos por el congreso y el poder ejecutivo.
SIN EXPERIENCIA, NI PREPARACIÓN
Es lo que sucedió en muchos cargos de la actual administración como el del director de Pemex Octavio Romero Oropeza y las dos secretarias consecutivas de educación, Delfina Gómez Álvarez (ahora gobernadora del estado de México) y la actual Leticia Ramírez Amaya (sin pena, ni gloria) que pasaron de de ser maestras de educación primaria, sin ninguna formación en el servicio público a funcionarias del gabinete presidencial. También en el caso de personal de la ayudantía del presidente que pasaron a ocupar cargos de segundo nivel pero con sueldos superiores a los 100 mil pesos en este gobierno de la austeridad.
SIN JUSTICIA PRONTA
Para el caso que nos ocupa y preocupa es previsible anticipar que la llamada “curva de aprendizaje” sea una característica que de al traste con la justicia “pronta y expedita” y en vez de acelerar los procesos judiciales termine por aletargarlos. A eso hay que agregar que entre los perfiles palomeados seguramente se privilegiará a personas afines a la 4t de tal modo que se antoja difícil que mantengan una sana distancia con el poder ejecutivo.
JUECES DEPENDIENTES
Una de las funciones principales de la SCJN no solo es resolver los juicios entre particulares, sino amparar a los ciudadanos contra actos de autoridad que puedan perjudicar sus derechos. Fue el caso de los amparos en la construcción del tren Maya que intentaron frenar lo que llamaron un ecocidio no solo por la destrucción de la selva y el hábitat de muchas especies, sino el sistema acuífero de los cenotes esparcidos a lo largo de la península de Yucatán. El ejército al igual que las otras megaobras trabajó bajo el argumento de “seguridad nacional” con lo que se justificaron las adjudicaciones directas, la omisión de regulaciones como los estudios de impacto ambiental y la reserva de toda esa información para evitar fuera solicitada con base a la ley de acceso a la información.
PRÁCTICAS NECESARIAS
No en vano los futuros médicos tienen que pasar por un internado realizando prácticas en los hospitales y clínicas para poder titularse. Se trata de que tengan esa “curva de aprendizaje” para poder ejercer profesionalmente la medicina lo cual va mucho más allá que el conocido servicio social con el que deben cumplir los futuros profesionistas en otras materias.
Lo que viene para la Corte es poner a la Iglesia en manos Lutero…