* La reforma pretende sean electos por voto popular jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Daniela Alfaro
El pasado miércoles 4 de septiembre, trabajadores del Poder Judicial y estudiantes de Derecho en Chiapas llevaron a cabo diversas protestas en respuesta a la aprobación de la reforma al Poder Judicial de la Federación por la Cámara de Diputados. La reforma, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue aprobada con 357 votos a favor, 130 en contra y cero abstenciones, y busca transformar profundamente el sistema judicial, incluyendo la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En Tuxtla Gutiérrez, los trabajadores del Poder Judicial realizaron una manifestación en el Congreso local para expresar su rechazo a la reforma. La protesta, que comenzó en la mañana y se extendió hasta las 19 horas, se caracterizó por consignas como “¡La justicia no se vende!” y un paro de labores que incluyó la interrupción de actividades judiciales.
En San Cristóbal de Las Casas, cerca de 100 estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) suspendieron sus clases y se manifestaron en el interior de la facultad. Los estudiantes argumentaron que la reforma pone en riesgo la independencia del Poder Judicial, citando propuestas como la elección popular de jueces, magistrados y ministros, la reducción del número de ministros de 11 a 9, y la eliminación de la pensión vitalicia para los ministros.
Paralelamente, en Tapachula, una marcha pacífica partió del parque Bicentenario y recorrió el centro de la ciudad. La protesta, organizada por trabajadores del Poder Judicial y miembros de la sociedad civil, incluyó la distribución de trípticos y la colocación de cintas amarillas para marcar el recorrido. Lizeth Karina Villeda García, jueza cuarta de distrito en Tapachula, criticó la aprobación apresurada de la reforma y su impacto potencial sobre la autonomía judicial y los derechos humanos.
Estas manifestaciones se produjeron antes de que la jueza quinta de distrito de Morelos, Martha Eugenia Magaña López, concediera una suspensión definitiva para frenar la discusión y aprobación de la reforma en el Senado. La suspensión busca evitar que la reforma continúe su trámite legislativo mientras se resuelven las impugnaciones legales.
