Héctor Estrada
El embate de las mafias transportistas para imponer sus condiciones en Chiapas e impedir el funcionamiento de plataformas como Uber y Didi ha expuesto nuevamente el verdadero rostro de un sector que, ha dejado claro, NO está dispuesto a abrir espacio a la competencia, pero tampoco a mejorar o modernizar sus condiciones de servicio.
Lo que hoy sucede en Chiapas no sólo debe leerse como una guerra declarada contra las nuevas plataformas, sino también contra los intereses de los propios usuarios a quienes se intenta dejar sin alternativas. Y es que, la postura de las mafias ha sido bastante clara: están dispuestos a aceptar el funcionamiento de DiDi y Uber en la entidad, siempre y cuando sólo sean los taxistas concesionados quienes brindenel servicio dentro de las plataformas.
En el pliego de exigencias públicas los taxistas ni siquiera han puesto sobre la mesa el compromiso de mejorar sus unidades y elevar la comodidad del servicio, en caso de que se acepte entregarles nuevamente el monopolio. En ese sentido no ha habido punto de negociación, lo que ellos piden es que las cosas retornen al mismo estado en que se encontraban antes del ingreso de Didi y Uber a Chiapas.
Hoy aseguran que simplemente están defendiendo sus derechos, por lo que piden insistentemente se haga valer la Ley de Movilidad y Transportes en Chiapas. Irónicamente, ahora sí, exigen que se aplique al pie de la letra una legislación que lleva años violada por ellos mismo y las propias autoridades transportistas. Una ley que, de entrada, prohíbe la multipropiedad (simulada o no) de concesiones en una sola persona y la operación de unidades con más de cinco años de vida útil.
Sin embargo, de lo que hoy no hablan las mafias de taxis es de los acuerdos hechos con autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transportes para permitirles poner en circulación unidades adicionales (piratas) sin concesiones, bajo permisos especiales no contemplados por la ley, números económicos clonados y cuotas discrecionales cuyo destino todavía no ha sido aclarado con puntualidad.
De la regulación de tarifas justas, la comodidad del servicio y las medidas para garantizar la seguridad de los usuarios, también obligadas por la misma legislación, ya ni siquiera hablamos. Al final de cuentas, para todas esas violaciones anteriores a la ley no hay ni habrá reclamos de justiciaindignada por parte del sector. Al contrario, en esos casos el silencio siempre ha sido el más conveniente para preservar los pactos de beneficio mutuo.
Es mentira que quieran hoy defender el estado de derecho y la legalidad en el rubro. Nunca ha sido una prioridad para esas mafias del transporte. Tampoco resulta convincente que ahora sí hayan hecho conciencia sobre la calidad y seguridad en su servicio. Ni si quiera lo han hecho cuando sus excesos y omisiones han cobrado la vida de personas inocentes en fatales accidentes que bien pudieron evitarse.
Lo que las mafias buscan es amedrantar nuevamente para imponer sus condiciones y mantener intocables sus privilegios, aún por encima de los miles de usuarios en Chiapas, que están ya hartos de que los pactos oscuros sigan imponiéndose a sus necesidades y que, al final de cuentas, deberían tener en sus manos la posibilidad de elegir el tipo de servicio que deseen pagar… así las cosas.
