Juan Carlos Cal y Mayor
Dejemos de lado el ya conocido y peculiar estilo de comunicar del presidente López Obrador que le ha dado popularidad. Que quede como una anécdota más la interpretación de Chico Che del “Uy que miedo” respecto del llamado de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá a iniciar consultas en el marco del T-Mec. El tema de fondo es que el gobierno mexicano modificó el marco legal para dar preferencia al despacho de energía eléctrica por parte de la CFE, lo cual afecta inversiones de nuestros socios comerciales.
ESFUERZOS DIPLOMÁTICOS
Varios fueron los intentos diplomáticos desde la visita de John Kerry e incluso la secretaria de energía de los Estados Unidos. Hicieron saber su preocupación por las políticas ambientales y las afectaciones a las empresas que invirtieron en México en materia energética de acuerdo a las garantías y compromisos derivados del T-Mec.
COMPROMISOS INCUMPLIDOS
Jesús Seade representando al gobierno electo en las negociaciones del T-Mec hizo público el compromiso del gobierno entrante de no modificar las constituciones ni el marco jurídico hasta entonces vigente derivados de la reforma energética en 2013. Ahí afirmó categórico que a pesar de que López Obrador siempre se opuso a la reforma energética, respetaría su vigencia.
Tres años después mando su iniciativa de reforma eléctrica en materia constitucional la cual fue rechazada por la oposición. Sin embargo, modificó la ley secundaria, para dar preferencia a la CFE en el despacho de energía dejando al final a las empresas del sector privado tanto nacional como extranjero sin considerar que su costo de producción no solo es amigable con el medio ambiente sino cuatro veces más barato. Por ese capricho nacionalista las tarifas consumo que pagamos en todos los hogares es por supuesto más cara.
LO QUE VIENE
Lo que viene ahora son 75 días de consulta que ya están corriendo y luego un panel donde se harían efectivas de manera retaliatoria (en vengativa reciprocidad) la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas para resarcir el daño a sus inversionistas lo cual se estima entre 10 mmdd y 30 mmdd. En ese caso hablamos de lo ya invertido de acuerdo al tratado comercial y por supuesto que en esas condiciones se paralizarían futuras inversiones ante la falta de certidumbre jurídica.
PÉRDIDA DE EMPLEOS
Están en riesgo cientos de miles de empleos, porque sucede que los costos arancelarios nos pueden dejar fuera de la competencia con otros mercados. Esto independientemente de los amparos y las demandas que en lo particular puedan interponer, como ya viene sucediendo, las empresas afectadas.
Ese será el reto de los negociadores mexicanos y resulta bastante probable que doblemos parciamente las manos porque las sanciones económicas de nuestros dos socios comerciales, mucho más ricos que nosotros, nos pondrían en una seria desventaja. Ya en el pasado sufrimos el veto a las importaciones de atún. En esa ocasión el entonces presidente Calderón impuso también de manera unilateral aranceles a algunos productos estadounidenses y el diferendo terminó por resolverse.
NACIONALISMO
Es bastante probable que se agoten en ese proceso los años restantes del gobierno de Amlo. El matiz político que se está dando en la narrativa de la 4t se enfila a sacar raja política incitando al nacionalismo. Quien no esté con el presidente es un traidor a la patria. Ya solo nos falta criticar abiertamente al “imperialismo yanqui” como lo vienen haciendo Venezuela y Cuba.
El hecho es que el presidente no quiere ni va ceder en su postura y al parecer está dispuesto a confrontar a nuestros socios comerciales sin medir las consecuencias. Imaginemos por un solo instante que nos impongan un impuesto a las remesas. Que nos dejen de comprar por medidas sanitarias productos agrícolas para los cuales no tenemos otros mercados. También importamos gasolina (70%) y productos de consumo básico como el maíz, frijol, arroz y trigo.p Llevamos las de perder.
NOS VA COSTAR
El presidente no tiene miedo. Los que si se van a poner a temblar son los exportadores mexicanos que pueden verse seriamente afectados al igual que millones de personas cuyos empleos dependen de nuestro mercado exportador. Ojalá que se tarden un rato. Ya le tocará al próximo gobierno resarcir los daños. Nuestro país es soberano y puede cambiar su constitución como en este caso en materia energética, pero nos va costar miles de millones de dólares que tendremos en el peor de los casos que pagar con el dinero de los contribuyentes. La culpa si es de la estaca.