Juan Carlos Cal y Mayor
Layda Sansores, la gobernadora de Campeche, ya agarró vuelo con sus conferencias de los martes en los que ha venido exhibiendo audios que contienen conversaciones privadas del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno. Estos han circulado profusamente en las redes sociales y medios de comunicación por lo cual “Alito” enfrenta una batahola de críticas porque, como ya sabemos, nadie mete las manos al fuego por nadie en estos casos.
Incluso hubo quienes han planteado al interior de ese partido su dimisión a lo que su presidente se ha negado por considerar que se trata de una persecución política y mucho hay de cierto. Desde que el PRI decidió votar en contra la reforma energética junto a los demás partidos de oposición, vino el contraataque como era previsible desde que se plantó de frente al poder sabedor de que habría algún tipo de represalias.
Lo que llama la atención, es la singular manera en que los medios, analistas y rivales queman en leña verde al inculpado de todo tipo de fechorías sin prestar atención al hecho del desapego a la ley con que se está conduciendo la gobernadora de Campeche. No se trata de exculpar al líder del PRI sino de ver la utilización del espionaje, ya no como filtración, sino como aparente prueba para perseguir judicialmente a un dirigente político.
Comencemos por analizar que ese tipo de “pruebas” solo se pueden obtener mediante una orden judicial que justifiquen la causa legal del procedimiento. No hay evidencia de que se haya iniciado un procedimiento judicial con anterioridad a esas conversaciones y que de ahí haya derivado la orden de un juez para intervenir llamadas o colocar micrófonos como es evidente que sucedió en este caso.
Siendo así se estarían violando garantías individuales consagradas en la constitución que a la letra señala en su artículo 16: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.” Y no solo eso. Se estaría cometiendo además un delito imputable al responsable de difundir esa información.
El delito de “intervenciones de comunicaciones privadas” está previsto y sancionado en el artículo 177 del Código Penal Federal, que prevé: “A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días de multa”.
Por otra parte, ninguna de esas aparentes “pruebas” tiene validez jurídica. Son nulas de pleno derecho. El Código Nacional de Procedimientos Penales Federal, en su artículo 264, indica: “Nulidad de la prueba. Se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad.”
Dicho lo anterior, queda en evidencia que todo esto es solo pirotecnia. Eso que Carlos Salinas llamaba política ficción. No se trata de hacer justicia, sino de utilizar la justicia como herramienta política. A ello hay que sumar el cateo a la casa de Alejandro Moreno, que el propio presidente López Obrador reprobó, diciendo que era indigno un trato así independientemente de que el líder del PRI no fuera santo de su devoción.
Parece que el único objeto era exhibir la “opulencia” en que vive el líder del PRI. El asunto ha de sonar a broma entre la clase política para los cuales eso y nada es lo mismo. ¿Cuántos políticos se salvarían de un escarnio así si se violara la privacidad de sus estilos de vida?
De paso, se manejó en los medios que Alito se habría dado a la fuga viajando a Europa como si pudieran detenerlo. Exhibieron hasta sus boletos de avión, otra vez espionaje, otra vez falacias. Alejandro Moreno es diputado federal y no se puede actuar penalmente en su contra sin antes ser sujeto a un proceso de desafuero ante el Congreso de la Unión. Una declaración de procedencia de la acción penal. Eso ya es otro cantar. Sería todo un escándalo.
Ubiquemos entonces que de lo que se trata es solo de un linchamiento mediático. No es la primera ni será la última vez que esto suceda. Es para infortunio de la política en nuestro país, una forma de actuar que demerita nuestra infausta democracia.