* La comunidad advierte que su nombramiento representa una amenaza para su autonomía y seguridad.
Representantes de la Nación Yaqui expresaron su rechazo a la designación de Hugo Aguilar Ortiz como próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a quien acusan de corrupción, imposición de autoridades tradicionales y complicidad con el crimen organizado. La comunidad advierte que su nombramiento representa una amenaza para su autonomía y seguridad.
Aguilar Ortiz, indígena y excoordinador del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), fue uno de los principales operadores del Plan de Justicia Yaqui impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Aunque el plan prometía restitución territorial, acceso a servicios y mejora en la distribución del agua, los yaquis aseguran que fue utilizado como un mecanismo de control político.
“Ese indígena no nos representa, es el más corrupto que se ha visto en México”, declaró Fernando Jiménez, defensor yaqui, en entrevista. Según sus testimonios, las consultas para implementar el Plan de Justicia fueron simuladas, excluyeron a autoridades legítimas y favorecieron a funcionarios aliados, como Adelfo Regino, titular del INPI.
Una queja presentada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2021 señala a Aguilar, Regino y otros funcionarios del INPI de incitar a la división interna, manipular actas y utilizar recursos públicos para imponer decisiones. En el documento, el defensor César Cota Tórtola sostiene que estos servidores públicos han utilizado amenazas y chantajes para coaccionar a las autoridades tradicionales, incluso condicionando apoyos económicos a su obediencia.
El conflicto no es solo político. Desde 2011, la tribu yaqui enfrenta la expansión del crimen organizado en su territorio, que ha agravado tras las protestas contra el Acueducto Independencia. Actualmente, denuncian que menores de edad son reclutados y armados por los grupos criminales, mientras los líderes comunitarios sufren desapariciones, asesinatos y hostigamiento.
En una denuncia reciente, los yaquis responsabilizan al INPI y a funcionarios del gobierno estatal de Sonora de obstaculizar acuerdos de seguridad. En particular, acusan a Aguilar Ortiz de impedir la participación de representantes legítimos y de entorpecer las mesas de diálogo con autoridades federales.
“Los propios funcionarios federales siembran división para impedir que los ocho pueblos yaquis se unan en la defensa de su territorio”, detalla la queja. Además de las amenazas, los yaquis han denunciado actos de violencia directa. En 2022, un grupo armado secuestró a tres personas en Pótam, presuntamente por órdenes de autoridades impuestas y con respaldo del INPI. El objetivo, denuncian, era forzar el desistimiento de un amparo contra un decreto que afectaba la distribución del agua.
A pesar de las múltiples denuncias, procesos legales y reuniones con autoridades, la comunidad afirma que el gobierno federal ha hecho caso omiso a sus demandas. Temen que, con Aguilar al frente de la SCJN, se consolide un modelo de justicia indígena impuesto desde el poder y contrario a los principios de autodeterminación.
