Guillermo Ochoa-Montalvo
Querida Ana Karen, “Hoy, nos chingamos al Estado“. Con esta frase pronunciada por Jacinta, una mujer hñähñú de Santiago Mexquititlán, Querétaro, detenida en 2006 y liberada 11 años después al hallar inocentes a Alberta Alcántara Juan y de Teresa González Cornelio, recibieron la disculpa pública y el pago de una indemnización por parte de la PGR ordenada por el Poder Judicial de la Nación, así concluyó el foro sobre “Problemáticas Existentes en la Administración y Procuración de Justicia: Violación de los Derechos Humanos a los Habitantes Hablantes de Lenguas Indígenas“.
El tema no es un asunto menor si consideramos que cerca de 27 millones de personas de habla de Lenguas Indígenas son vulnerables a estos actos de injusticia por no contar con abogados ni los suficientes traductores e intérpretes preparados para defenderlas en su propia lengua. Aún cuando el gobierno se disculpó, eso ni el dinero, les restituyen los años perdidos en la cárcel.
Muchas leyes en México y en Chiapas son papel muerto, y desde ahí, se abre una enorme brecha la no existir el cuerpo instrumental (administrativo, jurídico y de amplia difusión) que favorezca su cumplimiento.
Por ejemplo, el artículo 7 de la Constitución del estado Chiapas reconoce que cuenta con una población multicultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. El texto dice: “Reconocer el componente diverso sugiere la reforma estructural del estado a fin de garantizar el trato digno y equitativo a los hablantes de las lenguas indígenas y evitar la violación de sus derechos humanos”. Pero en pleno Siglo XXI aún son víctimas de exclusión y discriminación.
Estas violaciones se acentúan con las personas que están privadas de su libertad en algún centro penitenciario a quienes, en el mejor de los casos, se le ofrece un intérprete traductor para acompañarles en su proceso jurídico. Lamentablemente no existe la preparación adecuada de los abogados y los intérpretes para defenderlos.
El Dr. Sebastián Patishtán Méndez: habló del artículo 1º sobre la obligatoriedad de todas las instituciones para proteger los derechos humanos. En el artículo 2º, apartado A en la fracción 8ª en el párrafo primero, mandata que una persona hablante de una lengua debe tener un traductor intérprete que conozca la lengua y la cultura de esa zona en concordancia con el artículo 12 del Convenio 169 de la OIT que señala que cuando una persona sea juzgada y que ésta no hable esa lengua, deberá proporcionarle un traductor intérprete.
Pero existen barreras lingüísticas complejas en los tecnicismos jurídicos, que incluso entre los hablantes en castellanos, no se comprenden. Entonces, se pregunta el Dr. Patishtán ¿cómo traducir a lenguas indígenas términos jurídicos que en su contexto no existen? ¿Cómo designar palabras que no tiene traducción en leguas indígenas?
El doctor Patishtán comenta: “Si no se socializan, los conceptos en la comunidad; si sólo lo discutimos en el aula concluyendo que <esto así se dice y así queda>; no va a servir.
“Debemos socializar, entender, facilitar… y una de las barreras que encontramos, según los datos del INEGI, es que el 57% de los indígenas procesados, manifestaron que sí tuvieron traductor intérprete, pero que no le habían entendido. El restante 43%, no tuvieron traductor y sin comprender las preguntas, a todo respondían: “sí”, que es la única palabra en castellano que conocen. Ahí hay una violación flagrante al debido proceso.
Por ese motivo, con la intención de contribuir a la disminución de las barreras lingüísticas y de este modo, procurar que los hablantes de las lenguas indígenas tengan el acceso pleno a la justicia, se auspició un proyecto para mejorar el sistema de traducción e interpretación en la impartición de justicia en el estado de Chiapas mediante tres productos patrocinados por la Embajada de España: 1. El diccionario de vocabulario multilingüe intercultural en materia penal y civil; 2. La aplicación electrónica de este vocabulario y 3. El Foro de discusión sobre esta problemática.
Cada uno de los ponentes aportaron hallazgos sobre este tema: el doctor Sebastián Patishtán Méndez; la Maestra María de la Flor Gómez Cruz, el Maestro Valentín Argüello Rodríguez; el maestro Daniel Ochoa Macera y el antropólogo Nicolás Huet Bautista, pero finalmente, coincidieron con los puntos expresados durante la introducción del Foro.
Daniel Ochoa se pronunció por abonar desde la disidencia para hacer cosas diferentes y abandonar la cómoda postura de ajustarnos a lo tradicional. “Hoy se habla de justicia social y el peligro radica en convertir este concepto en una moda sin darle cuerpo . “Debemos desarrollar metodología adecuada para el estudio de esta problemática”.
El Maestro Valentín Argüello reflexionó sobre los innumerables casos de indígenas inocentes que purgan condenas por el hecho de no hablar el castellano y no encontrar a un defensor comprometido para hacerse acompañar de traductores e intérpretes especializados en la cultura y lengua del procesado. Muchos abogados abrevian los juicios, cobran y se retiran sin entablar un juicio justo con los traductores e interpretes debidos.
Pensemos, dijo Sebastián Patishtán Méndez: l”as lenguas originarias son un patrimonio de la humanidad. La UNECO reconoce que de las 7 mil que se hablan en el mundo, más de la mitad están en peligro de desaparecer. En México, de las 67 leguas que se hablan, más de la mitad también esta en peligro de desaparecer. En Chiapas, de las 12 lenguas reconocidas en el artículo 7 de la Constitución: Tseltal, Tsotsil, Chol, Zoque, Tojolabal, Mame, Lacandón, Jacalteco, Chuj y Kanjobal, Mocho y Kakchiquel, las dos últimas, se encuentran en peligro de extinción. Y falta por incorporar la lengua kateca que hablan más de 2,800 indígenas len la comunidad La Gloria del municipio de Ixtapangajoya”.
Después de escuchar a la Maestra Game Cruz, quien expuso el caso de Jacinta, regreso a la palabras de las indígenas exoneradas: “A los abogados particulares que nos robaron y que seguramente siguen robando a sus clientes, no sean mediocres de conciencia, no abusen del dolor ajeno, tengan tantita dignidad, y si no pueden tomar un caso con éxito, no engañen a la gente, no coman ni beban a costa del sufrimiento. Este caso cambió nuestra vida para ver, saber y sentir que las víctimas los necesitamos, que lo que al otro le afecta, tarde o temprano le afectará a uno“.
Las mujeres fueron acusada del secuestro de tres agentes de la policía; mucho más fornidos y altos que ellas. ¿Cómo pudieron secuestrar ellas a esos 3 agentes siendo débiles, pequeñas y sin estar armadas? Ni el sentido común tiene respuesta a esa injusticia . Y por ello, fueron sentenciadas a 21 años de prisión. 11 años más tarde, las encuentran inocentes y se le expresa una disculpa pública de la PGR, pero “La disculpa es por funcionarios mediocres, ineptos, que fabricaron el delito de secuestro e inventaron que Jacinta era delincuente, la evidenciaron en los diarios locales de Querétaro, la demandaron por un delito federal que no alcanzaba fianza, la investigaron los mismos policías demandantes, la encarcelaron con mentiras, sin decirle que tenía derecho a un abogado de oficio y a un traductor”, denunció la hija de la mujer indígena.
“Hoy queda demostrado que ser pobre, mujer e indígena, no es motivo de vergüenza. Vergüenza hoy es de quien supuestamente debería garantizar nuestros derechos como etnia, como indígenas y como hermanos”. “No basta la reparación de daños para superar el dolor, la tristeza, la preocupación y las lágrimas ocasionadas” Pero “Hoy nos chingamos al Estado”.
Ana Karen, esperemos que este caso sirva de precedente en la defensa de cientos de indígenas encarcelados injustamente y recordemos las palabras finales de estas mujeres: hasta que la dignidad se haga costumbre como una cuestión de amor.
