Héctor Estrada
Han paso cuatro días desde que Mariana Sánchez, la joven doctora de 24 años que fue encontrada muerta en la comunidad de Nueva Palestina donde realizaba su servicio social, y las instituciones responsables parecen hacerse las desentendidas ante la evidente responsabilidad de sus funcionarios directamente involucrados en los actos de omisión.
Este fin de semana diversas manifestaciones de protesta recorrieron las calles de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas para exigir justicia ante uno de los casos de feminicidio más indignantes de los últimos años. El grito de justicia ha retumbado durante días en redes sociales, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y frente a las puertas de la propia Facultad de Medicina Humana donde Mariana estudiaba.
Pero se trata de un reclamo de justicia que no sólo tiene que ver con la identificación y detención del o los criminales como autores materiales, también está estrechamente relacionada con la identificación y castigo de los cómplices institucionales que tuvieron conocimiento del antecedente de violencia sexual denunciado por la joven, fueron indiferentes y la obligaron a volver al lugar donde finalmente perdió la vida.
Y es qué, ¿Qué tanto puede demorarse la Universidad Autónoma de Chiapas y la Secretaría de Salud en identificar a los responsables directamente involucrados en dichasomisiones criminales? ¿Por qué la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha hecho pública la investigación interna que esclarezca qué ministerio público recibió la denuncia inicial de Mariana y cuál fue el destino del procedimiento judicial?
Las tres instituciones han guardado silencio respecto al tema, como si la justicia para Mariana se centrara exclusivamente en el asunto judicial y la detención del o los autores materiales. La Fiscalía General nada ha dicho de las omisiones internas y sus responsables, la Autónoma de Chiapas ha tratado incluso de deslindarse de toda responsabilidad con comunicados cobardes, mientras la Secretaría de Salud simplemente ha enmudecido.
Pero NO señores y señoras de las instituciones involucradas, a Mariana no sólo le arrebató la visa su asesino, también quienes eran responsables de ella, la ignoraron, minimizaron su tragedia, la dejaron sola y la acorralaron a regresar al sitio de riesgo. Cada uno de ellos debe pagar también las consecuencias de sus omisiones, sea los protegidos del jefe, los sindicalizados intocables o la directora desalmada para quien la tragedia de Mariana si siquiera es razón suficiente para cambiar nada.
A estas alturas cada una de las instituciones involucradas deberían haber presentado ya públicamente el informe de lo sucedido en las áreas implicadas, sus responsables directos y el inicio de los primeros procesos de sanción. De nada sirve que se llenen la boca exigiendo justicia si no han sido capaces de aplicar la propia en materia administrativa.
Hoy al interior de la FGE, la UNACH y la Secretaría de Salud saben ya perfectamente sobre la cadena de funcionarios que fueron notificados e informados respecto a lo sucedido con Mariana antes de su muerte, así como de las autoridades directamente responsables de las y los pasantes de medicina en rotación, que evidentemente no hicieron bien su trabajo. De lo contrario, en caso de ignorar parte o todo la anterior, expondrían serias deficiencias en materia de control y liderazgo institucional.
El doloroso caso de Mariana Sánchez exige medidas inmediatas que deben iniciar desde las instituciones implicadas en los casos de omisión. No habrá justicia plena solamente esperando a la detención de autores materiales. Mariana debe ser el punto de quiebre para cambiar las formas irresponsables en que el Estado expone a decenas de jóvenes pasantes de medicina dentro de escenarios de alto riesgo, para que lo sucedido el pasado 28 de enero no vuelva a ocurrir jamás… así las cosas.
