Héctor Estrada
Han pasado cuatro días desde el accidente en que seis personas resultaron gravemente heridas después de que una unidad del transporte público se quedara sin frenos en Tuxtla Gutiérrez y el secretario de Movilidad y Transportes en Chiapas, Aquiles Espinosa García, aún no ha salido a dar la cara para explicar por qué la unidad se mantenía operando siete años después de haber vencido su plazo de antigüedad permitido por la ley.
La dependencia estatal se ha limitado a emitir un muy breve comunicado en el que “lamenta el hecho” y asegura que se “encuentra coadyuvando en las investigaciones que la autoridad competente realiza”. ¿Autoridad competente? ¿Bueno, pues que acaso la dependencia a cargo de Aquiles Espinosa piensa que se trata exclusivamente de una investigación judicial por el mero accidente automovilístico, cuyo número de carpeta de investigación -por cierto- aún tampoco se conoce?
No señor Aquiles Espinosa, lo sucedido el pasado domingo NO se limita al simple percance y las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) para imputar responsabilidades penales; tiene de fondo un “meollo” más grave que le COMPETE justamente a la dependencia que ahora tiene bajo su responsabilidad: la operación arbitraria de unidades del transporte público que dan servicio a pasajeros más allá de los 10 años permitidos, sin que nada se diga o haga al respecto.
Y es que, como se ha explicado insistentemente, la “Ley de Movilidad y Transporte en Chiapas” es muy clara al establecer el su Artículo 89 que: “las unidades para la prestación del servicio público de transporte (…) en la modalidad de pasajeros, tipo colectivo de hasta dieciséis plazas, deberán tener una vida útil NO mayor de diez años”. De lo contrario, (según el Artículo 88) “en tanto el concesionario, el permisionario o el operador no cumplan estas disposiciones la Secretaría NO podrá autorizar la prestación del servicio”.
De acuerdo, a la presunta póliza de seguro presentada por los propios concesionarios de la ruta 73, la unidad 7301, tipo Urban Panel Larga con Conversión a Pasajeros, con número de serie JN5FE56574X515878, era modelo 2004, por lo que la antigüedad permitida para su funcionamiento se había vencido desde el 2014. Es decir, llevaba siete años funcionando fuera de lo permitido por la ley vigente.
Por eso no se trata de un asunto que competa exclusivamente a la FGE para determinar qué ocurrió el día del accidente, sino también de un tema que debe tener explicaciones por parte de la autoridad reguladora, responsable de vigilar el buen funcionamiento del transporte público en Chiapas. Y es que, la razón por la que no se permite que las unidades funcionen como transporte de pasajeros más de una década es justamente por cuestiones de seguridad ante eventuales deficiencias mecánicas por desgaste.
Más allá de que la autoridad judicial determine si se trató de una falla mecánica por deficiencias en el sistema de frenos o, convenientemente, termine responsabilizando al chofer, lo cierto es que la unidad funcionaba fuera de los años de antigüedad permitidos, que habían transcurrido siete años
sin que se obligara o incomodara al dueño para hacer el remplazo obligado, y, sobre todo, que hubo negligencia desde el momento en que se atendió el percance.
Ni el dueño de la unidad ni las autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transportes se hicieron presentes para ejecutar los protocolos. Se trataba de una unidad del transporte público, que se había quedado sin frenos en plena capital chiapaneca, dejando a siete heridos de gravedad, y ninguno de las dos figuras directamente responsables (el concesionario o la autoridad reguladora) se hicieron presentes para atender, junto a las autoridades de Tránsito y el Ministerio Público, lo sucedido; y, en su caso, activar la póliza de seguro para trasladar a los heridos a las clínicas contratadas.
Ahora resulta que también fue culpa del chofer por no acordarse de avisar, entre los fierros retorcidos, a la aseguradora. Acaso las autoridades de Tránsito y Seguridad, como primeras en llegar al lugar del accidente, ¿no están adiestradas para activar un protocolo especial cuando se trata de una unidad de pasajeros en la que hay heridos por posibles fallas mecánicas? ¿Cuál es entonces el papel o responsabilidad del concesionario y la Secretaría de Movilidad y Transportes en este tipo de casos?
El asunto deja mucho en qué pensar, pero sobre todo más en qué preocuparnos. Y es que, cuántas unidades del transporte público en Chiapas se encontrarán en las mismas condiciones, entre el silencio cómplice de las autoridades directamente responsables. Más allá de la serie de violaciones a la ley solapadas para mantener el control del transporte público en unas cuantas manos, lo realmente alarmante es que son justo los usuarios quienes todos los días corren peligro ante la complicidad de quienes deberían garantizarles un transporte mínimamente seguro.
Aquiles Espinosa García no puede “lavarse las manos” sobre el tema, debe asumir con responsabilidad una “cloaca” que se ha destapado nuevamente, con víctimas de gravedad que todavía luchan por su vida, para anunciar de inmediato una revisión a las condiciones (al menos de antigüedad) de las unidades del transporte público que actualmente operan en Chiapas, cuyos datos están al alcance en las bases de datos. Sólo se requiere voluntad y transparencia, pero eso podría resultar mucho pedir… así las cosas.
