* El ataque más reciente ocurrió en Benemérito de las Américas, donde un comando asaltó la clínica Samher’z, marcando el cuarto día consecutivo de balaceras en la región.
Redacción / Alfaro Noticias
La violencia en la entidad ha alcanzado niveles críticos debido al agravamiento del conflicto entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. Desde principios de 2024, más de 12 mil personas han sido desplazadas debido a la creciente brutalidad de los enfrentamientos. Los cárteles están disputando el control territorial del estado, lo que ha llevado a un aumento dramático en los desplazamientos forzados y en el número de víctimas civiles.
Los enfrentamientos han provocado que comunidades como Chicomuselo y Pantelhó vivan en un constante estado de terror. Los cárteles no solo están luchando por el dominio de rutas para el tráfico de drogas, sino que también han comenzado a utilizar a los civiles como escudos humanos y mano de obra forzada. Los residentes son obligados a participar en bloqueos de carreteras y otras actividades delictivas, enfrentando amenazas de muerte si intentan escapar.
En Benemérito de las Américas, una localidad fronteriza con Guatemala, la situación es particularmente crítica. Por cuarto día consecutivo, el municipio ha sido escenario de intensas balaceras. La tarde ayer, un comando atacó la clínica médica Samher’z, ubicada frente a un jardín de niños. Los impactos de bala en la fachada de la clínica son claramente visibles.
A pesar de la gravedad de los ataques, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aún no ha reportado detenciones, y los habitantes señalan que los elementos militares no han recibido órdenes para intervenir. Además, los residentes enfrentan problemas como la falta de recolección de basura y amenazas de corte de agua.
La violencia ha afectado a diversos sectores, incluyendo a líderes religiosos. En mayo de 2024, en Nuevo Morelia, Chicomuselo, un grupo armado mató a 11 personas, entre ellas dos líderes religiosos que habían hecho llamados a la paz y se oponían a los cárteles.
ALDEA, una organización de derechos humanos, ha denunciado la ineficacia de las acciones gubernamentales para abordar la crisis. La organización señala que la violencia en Chiapas está poniendo en peligro la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas, quienes enfrentan una crisis humanitaria creciente con insuficiente apoyo estatal.
El impacto de la violencia también ha afectado la educación, con más de 300 mil estudiantes que no regresaron a clases al inicio del ciclo escolar 2024-2025 según informó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Además, familias han declarado que algunos residentes se han visto forzados a unirse al narcotráfico para sobrevivir.
