Sr. López
La vida de tío Ricardo era la prueba contundente de la existencia de la mala suerte: todo le salía mal. No se tituló nunca porque se incendió el archivo de su escuela. De los trabajos lo corrían sin razón. Cuando fue por su novia a Autlán, la encontró con dos hijos de otro. La que fue su esposa lo abandonó y lo dejó con un chamaco que hubiera vuelto asesino serial a San Francisco de Asís. En una peregrinación a la Virgen de Zapopan, lo atropelló un camión y quedó rengo. Medio vivía de vender botones cuando llegaron a México los ‘zipers’. Un día platicando este menda con la abuela Elena, salió en la conversación la perpetua mala pata del tío y ella explicó qué pasaba: no estudió ninguna carrera, ¡vaya!, ni Preparatoria hizo, pero años le sacó dinero a sus papás; se dedicó siempre al trago y por el trago, lo dejó la novia, lo dejó la esposa, lo dejó cojo el camión, lo corrían del trabajo y el hijo no lo respetaba… sólo lo de los ‘zipers’, era cierto, pero decía la abuela: -Se hubiera puesto a vender ‘zipers’ -a pulso labró su suerte.
Empezó antenoche y luego, ayer, en las primeras planas de los diarios nacionales, reventó la noticia: el Presidente promulgó en el Diario Oficial un Acuerdo que declara “de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura”, relacionados con “comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético -sic-, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”. Menos plantar flores y pintar rayas en el pavimento, todo es de seguridad nacional.
Dos cosas desataron los iracundos comentarios en prensa y declaraciones tonantes de algunos políticos; primero: este Acuerdo obliga a “las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, a otorgar de manera provisional en un plazo máximo de cinco días y con vigencia de doce meses, “los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras”; y si no los otorgan, se darán por otorgados (en aplicación peculiar de la ‘afirmativa ficta’, que en este caso es ‘afirmativa ad ovum”); la segunda razón y de la mayor importancia: es imposible obtener información o auditar algo clasificado como de seguridad nacional (imagínese a la Auditoría Superior de la Federación queriendo revisar la nómina de espías de la Secretaría de Gobernación o la de Seguridad Pública… pues no, claro, hay cosas que no se pueden ventilar).
Ayer mismo el Presidente aclaró: “Esto no tiene nada que ver con la transparencia, todos estamos obligados a rendir cuentas”. ¡Ah, qué bueno!… pero entonces hubiera sido mejor no declararlas de seguridad nacional, nada más con aprobar las licencias y permisos provisionales hubiera bastado.
Y eso de los permisos al vapor también tiene sus bemoles: ¿qué va a suceder si después de transcurrido el plazo de doce meses, resulta que una obra no cumple con los requisitos financieros o de las leyes de obras públicas, las ambientales y de derechos humanos?… o se suspende la obra y se tira a la basura todo lo gastado, dejando ya consumados daños al erario, a las personas, a la ecología, etc.; o se decide continuar con los daños y pasar
por alto las faltas a las leyes, para no incurrir en semejante dispendio. ¿Qué imagina usted que va a decidir el Presidente dentro de un año?… ¿suspender Dos Bocas, cancelar el aeropuerto de Santa Lucía o el trenecito Maya?… no, no parece que pueda hacer eso quien mandó al diablo las instituciones el 30 de julio de 2006, cuantimenos ahora que las instituciones están bajo sus órdenes.
Este Acuerdo pareciera ser un acto de autoridad innecesario pues nadie iba a ponerle sellos de clausura a las obras favoritas del Presidente. Pero sí era indispensable para impedir que el Poder Judicial ordenara la suspensión de alguna de sus obras y que las instancias de auditoría metan las narices en los expedientes. Solo así tiene sentido.
Por supuesto ya desde ayer opinaron algunos expertos en Derecho que este Acuerdo es inconstitucional, desproporcionado y fácilmente impugnable… pues que le apuren porque el decreto entró en vigor antenoche y dentro de cinco días, todas las obras que le pegue la gana al Presidente tendrán sus licencias y permisos “provisionales”… no vaya a llegar tarde el amparo ya con todo consumado.
Algo de razón tienen los abogados. Ya desde el primer párrafo del Acuerdo se nota que no encontraron en qué fundamentarlo y se invocan las facultades que confiere al Presidente la Constitución en el artículo 89 fracción I, que nada tiene que ver con la materia del Acuerdo: “Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia”… cuando el Acuerdo lo que hace es ir en sentido contrario a las leyes expedidas por el Congreso; y luego se enlistan todas las fracciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en que se describen las facultades del gabinete.
Luego en los considerandos se cita el artículo 26 de la Constitución, que manda al Estado organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, que es también el exacto contrario a realizar obras con permisos provisionales a reserva de que un año después se sepa si son o no legales. Eso no es planeación.
Y a ver cómo le dan la vuelta al artículo 134 de la Constitución que obliga a la transparencia en el ejercicio del erario y a su evaluación por las entidades de fiscalización.
El Presidente ha de tener estupendos juristas como asesores, pero si ya los domesticó a darle la razón a como dé lugar, es su responsabilidad y él cosecha lo que siembra: vientos y tempestades.
