* La policía estatal ha incorporado drones con rifles semiautomáticos pese a que la legislación mexicana prohíbe el uso de aeronaves no militares con armamento.
Redacción / Alfaro Noticias
El gobierno estatal presentó recientemente una flota de drones equipados con rifles semiautomáticos para reforzar las labores de seguridad en zonas fronterizas, como parte de su estrategia frente a los grupos del crimen organizado que operan en la región. Sin embargo, expertos en aeronáutica y seguridad advierten que este tipo de dispositivos operan en un vacío legal, ya que México no cuenta con una normativa específica que regule el uso de drones armados por corporaciones civiles.
De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-107-SCT3-2019, los drones armados están prohibidos en el espacio aéreo mexicano, salvo cuando son operados por fuerzas armadas. Esta disposición excluye a las policías estatales y municipales, que no forman parte del ámbito castrense. Además, la regulación vigente clasifica los Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS) como de “uso privado no comercial”, lo cual no contempla fines de seguridad pública ni despliegues tácticos con armamento.
El secretario de Seguridad Pública de Chiapas, Óscar Aparicio Avendaño, confirmó que los nuevos drones pueden portar armas de fuego y también ser adaptados para tareas como combate de incendios. Durante su presentación, se mostró uno de los dispositivos con un rifle semiautomático montado, sin que hasta ahora se haya dado a conocer bajo qué protocolos o reglamentos operarán estas unidades en tareas de campo.
Los requerimientos operativos actuales para drones civiles en México incluyen que los operadores cuenten con licencias específicas, que los vuelos no superen los 122 metros de altura, que se mantenga la línea de visión directa, y que se eviten zonas restringidas como aeropuertos o espacios con aglomeraciones. También se exige un seguro de responsabilidad civil vigente. No obstante, ninguna de estas condiciones aborda el uso de armamento o escenarios tácticos por parte de policías.
A nivel nacional, ha destacado la falta de una legislación adecuada para el uso de nuevas tecnologías en seguridad pública. David Saucedo, consultor en seguridad, explicó que las disposiciones actuales son limitadas y fueron pensadas para un contexto tecnológico que ya fue superado. Por su parte, Fernando Gómez Suárez, analista en aviación, señaló que esta situación representa una “laguna” normativa que debe resolverse con nuevas leyes y procesos de certificación tanto para los drones como para los operadores.
Mientras tanto, organismos especializados en aviación civil y seguridad recomiendan establecer una legislación federal que regule con claridad las competencias de autoridades civiles y militares en el uso de estas tecnologías. Con información de Milenio.
