Héctor Estrada
En medio de un excedido y agresivo despliegue de campañas anticipadas en todos los rincones de Chiapas, finalmente este viernes 8 de septiembre dará formalmente inicio el proceso electoral federal que permitirá la elección y relevo de todas las autoridades legislativas y de los tres niveles de gobierno en el caso de la entidad chiapaneca.
Se trata de un proceso electoral inmerso ya en múltiples controversias y señalamientos por las constantes violaciones a la ley y el litigio jurídico que hace sólo unos días echó para atrás la nueva reglamentación aprobada por el Instituto Nacional Electoral (INE) para regular la promoción anticipada de aspirantes a puestos de elección popular.
Los lineamientos denominados “piso o cancha pareja” establecían límites para la adquisición de propaganda que implicara la promoción personalizada de quienes aspiraran a un cargo de elección popular a través de la radio, la televisión, medios impresos, publicidad fija, electrónicos, internet o redes sociales. Algo de lo que en Chiapas la ciudadanía ha padecido bastante durante los últimos meses.
El procedimiento parecía positivo y un alivio ante la ola de campañas desproporcionadas. Sin embargo, muy poco duró la buena noticia. Y es que, apenas el pasado 30 de agosto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó los lineamientos como resultado de 348 impugnaciones caídas como cascada desde la aprobación por el Consejo General del INE. Todo bajo argumentos que aludían excesos de atribuciones y violación a otros derechos ciudadanos como la libertad de expresión.
No obstante, lo que realmente resulta interesante es el origen de semejante embate jurídico sobre las nuevas regulaciones. Fue el PRI quien promovió 222 de las 348 impugnaciones que originaron la revocación por parte de Tribunal Electoral. Aunque parezca cínico el asunto, el 63 por ciento de los procesos de impugnación emanaron del Partido Revolucionario Institucional y su aliado el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
La orden presidencial fue enfilar toda la artillería contra la nueva reglamentación que “amarraba las manos” a muchos candidatos adelantados, dispuestos a seguir haciendo uso de los cargos públicos para tomar ventaja. Entre los recursos de impugnación destacan los promovidos por gobernadores como el propio Manuel Velasco Coello, Alejandro Murat y Eruviel Ávila; así como los interpuestos por 164 diputados y 49 senadores de ambos partidos políticos.
La resolución reciente del TEPJF ha dejado el asunto en el limbo y las puertas abiertas para el “desenfreno electorero”. Las medidas de regulación a la promoción desbordada de aspirantes electorales resultan urgentes ante escenarios como el de Chiapas donde las campañas proselitistas han comenzado desde hace ya varios meses, agudizándose durante las últimas semanas con un “grosero derroche” de propaganda y recursos públicos.
Ante la inacción de autoridades electorales, francamente rebasadas, seguramente veremos durante el mes de septiembre y parte de octubre más proselitismo anticipado con aspirantes que pretenden ganar con el derroche publicitario y eventos masivos de relumbrón las simpatías que simplemente no pudieron conseguir con su pésimo desempeño dentro de los cargos que aún ostentan… así las cosas.
