Héctor Estrada
Con la aparición de las caravanas migrantes desde octubre de 2018 el añejo fenómeno migratorio en la frontera sur de México ha modificado sus formas de manera abrupta. La expulsión masiva de personas desde los países centroamericanos, el parcial cierre de las fronteras estadounidenses y la incapacidad de las autoridades mexicanas para atender la problemática han colocado a Chiapas en un complicada situación que agrava con el paso de los meses una nueva crisis humanitaria.
De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), tan sólo durante el primer trimestre de este año se registró -de manera oficial- el ingreso y deportación de 30 mil 187 migrantes, mayoritariamente centroamericanos. Actualmente al menos mil 700 migrantes se encuentran varados en la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula a la espera de los pases de salida.
Hasta el cierre del mes de marzo la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados (COMAR) reportó la entrega de al menos 12 mil 716 solicitudes de refugio en la estaciones migratorias de Chiapas. De ellos, seis mil 996 son de Honduras; dos mil 116 de El Salvador; mil 871 de Venezuela; 679 de Guatemala; 455 de Nicaragua y 599 de otros países. Sin embargo, según proyecciones de la misma Comisión se estiman que para finales de este año la cifra alcanzará las 50 mil solicitudes.
No se trata de un problema menor. Con el paso de los meses, las tensiones entre pobladores y migrantes dentro de las nueva rutas se han incrementado. La presencia de bandas dedicadas al tráfico ilegal de personas también ha tenido su repunte, con trágicos accidentes como el sucedido el pasado 7 de marzo en el que 23 personas perdieron la vida al volcarse un camión que transportaba al menos 50 indocumentados.
El cambio del viejo fenómeno migratorio para formar nuevos éxodos masivos o caravanas migrantes ha tenido como objetivo principal justamente ese: el de minimizar los riesgos de transitar hacia la frontera con los Estados Unidos; pero las consecuencias para México han resultado bastante costosas y desbordantes. El país ha sido plenamente rebasado por la problemática, quedando en la encrucijada de político-migratoria más complejas de la que se tenga memoria.
Sin embargo, la nueva complicación a la que se enfrentan los migrantes tiene que ver con el creciente rechazo a su condición entre la población mexicana. La violencia utilizada para ingresar y transitar por territorio nacional, la vinculación mediática de su presencia con el incremento en la criminalidad y las duras campañas de desprestigio en redes sociales han generado un sentimiento de repulsión casi generalizado.
La sensación de “invasión masiva” que hoy abruma a gran parte la población ha provocado una nueva percepción social peligrosa sobre la migración en México. Como nunca antes la migración ilegal se ha convertido en un tema que enciende hogueras. El asunto se ha vuelto tan escabroso que muy pronto se ha convertido en el mayor generador de decepciones y oposición social contra el gobierno de López Obrador.
Lo cierto es que las autoridades ha sido rebasadas en su capacidad de atención al problema. La situación exige a gritos un replanteamiento a las políticas migratorias para el nuevo contexto que hoy enfrenta México. No se requiere el cierre definitivo de las frontera sur, sino el restablecimiento del estado de derecho, la restitución del orden y la aplicación de un programa humanitario que permita el paso legal de los migrantes, por una frontera de por sí porosa.
En este caso se requiere de decisiones más responsables y menos populistas, para saber, en la mayor de las medidas, quienes ingresan a territorio nacional, cuáles son sus necesidades y, en su caso, de qué forma poder ayudarlos de manera ordenada. Por la seguridad de todos y, sobre todo, por la estabilidad de una entidad tan golpeada como Chiapas… así las cosas.
