Sr. López
Legalizar las drogas es correcto. Así, de bulto, todo: producción, comercialización y consumo. Son malísimas y deben evitarse, igual que el alcohol es malísimo y debe evitarse. Pero si el alcohol es legal, no se ve clara la razón para que las demás drogas sean ilegales. El gobierno puede adoptar una política de atención médica a los consumidores de drogas, igual que con los alcohólicos.
Otra cosa es que el gobierno debe regular las drogas, igual que el alcohol. Cualquier ilícito bajo los efectos de una droga, debe recibir una pena mayor. Claro. Pero nada más. Usted no puede conducir un automóvil si está ebrio, ni andar por la calle; lo mismo con las drogas. Hasta ahí.
La premisa de legalización de las drogas es que el gobierno no es la autoridad moral nacional, ni nuestro papá que nos hace comer las verduras y lavarnos los dientes: el gobierno es nuestro empleado para hacer cumplir las leyes (y cumplirlas), para administrar adecuadamente los servicios públicos… para muchas cosas, pero no para custodiar las buenas costumbres. Muy bien… pero no se puede y además ¿luego qué?…
Sí, luego qué, ya con las drogas legalizadas y eliminada la criminalidad asociada con el tráfico de estupefacientes, qué harán las bandas de delincuentes; ¿fundarán academias de reinserción social?, ¿ofrecerán servicios de seguridad privada?, ¿organizarán cooperativas agropecuarias?… ¿o intensificarán otras actividades ilícitas?, sí, porque lo de ellos es el delito, ganar dinero con secuestro, trata de personas, extorsión, venta de protección…
Más lamentable es que nuestro país no puede tener una política propia sobre el asunto. La propuesta del próximo equipo de gobierno de legalizar la siembra de amapola, es un esfuerzo inútil que reviste un gran peligro para el país. Nuestra política doméstica sobre este tema es la que fijen los EUA. Triste pero real.
Lo intentó el presidente Lázaro Cárdenas. El 17 febrero de 1940 publicó el decreto que legalizaba la morfina y la heroína (de la marihuana ni dijeron nada: no es droga). No fue un arrebato sino el resultado de los estudios muy serios que presentó el Doctor Leopoldo Salazar Viniegra, jefe del entonces Departamento de Salubridad (actual Secretaría de Salud), quien aclaró que la drogadicción era un asunto de salud pública, no un tema penal, y propuso que el gobierno asumiera la responsabilidad de otorgar tratamiento para superar la adicción junto con la de distribuir heroína y morfina en dispensarios médicos oficiales al muy bajo precio de costo de adquisición. Se hizo, el gobierno monopolizó las drogas. Funcionó.
Luego, el gobierno yanqui amenazó con bloquear a México las importaciones de medicamentos si no se revertía el decreto. Cárdenas muy a su pesar, lo hizo el 7 de julio del mismo año. Cuatro meses y tres semanas privó la razón.
El problema regresó y ya ve cómo estamos ahora, gracias a que no está en manos de la autoridad de salud ese problema de salud, sino en las de la Procuraduría General de la República, que no puede resolver un tema íntimamente relacionado con la delincuencia organizada de otros países, productores y consumidores.
Los EUA se opuso en los años 40 a la legalización de las drogas en México, en coherencia con su larga historia prohibicionista (que incluía el alcohol). Ya en 1905 el presidente Teodoro Roosevelt, encargó al Departamento de Estado que creara tres comisiones que estudiaran “el mal”. En 1910 ya con el presidente Taft, en el Congreso de EUA había un acalorado debate entre los que proponían prohibir y castigar el consumo de drogas (incluían, aunque no lo crea, a la Coca Cola y la Pepsi, “y todas esas cosas que se venden a los negros del sur”, como sostenía el diputado demócrata Francis Burton Harrison). La intención era racista, el consumo de drogas duras se atribuía a la población negra sureña, la marihuana a los mexicanos (léase “Racism’s Hidden History in the War on Drugs” -“La historia oculta del racismo en la guerra contra las drogas”-, escrito por el juez Frederic Block, Huffington Post, 1 de marzo de 2013).
La cosa siguió a peor con el prohibicionismo recargado de Richard Nixon que en 1968 acuñó la frase “guerra contra las drogas”. Mire qué horror:
John Ehrlichman, asesor de política interior de Nixon, en 1994 respondió al reportero Dan Baum de Harper’s Magazine: “¿Quieres saber realmente de qué se trata todo esto? La campaña de Nixon de 1968, y la Casa Blanca de Nixon, tenían dos enemigos: la izquierda antiguerra (Vietnam) y los negros. ¿Entiendes lo que te digo? Sabíamos que no podíamos hacerlos ilegales por ser negros o estar en contra de la guerra, pero al hacer que el público asociara a los negros con la heroína y a los hippies con la marihuana, y luego criminalizar ambas sustancias fuertemente, podíamos fragmentar sus comunidades, podríamos arrestar a sus líderes, hacer redadas en sus casas, disgregar sus reuniones y envilecerlos todas las noches en las noticias. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Claro que sí”. Sin palabras.
Escribe Baum: “La guerra contra las drogas evidentemente no se trata de defender a la población de la amenaza de la destrucción de su salud por terribles sustancias que generan adicciones incontrolables. Tiene un fin estratégico político y posiblemente económico, para un grupo selecto de altos empresarios y políticos que controlan los mercados de armas, el lavado de dinero y otros rubros en los que necesariamente desemboca el dinero de las drogas”. Bueno, hay quien dice la verdad.
Nuestro caso es grave. Geopolítica y económicamente bajo el poderío yanqui, libramos acá su guerra de ellos. Si nuestro próximo gobierno es un gobierno de ingenuos, las consecuencias las pagaremos todos. Se debe empezar a tratar de arreglar este monumental enredo, pero con realismo. Las babas populacheras y el discurso facilón no impresionan al tío Sam. Este es asunto muy grave y si el próximo gobierno sigue por esa ruta, sin que se dé cuenta AMLO puede ser el inicio de un muy triste fin.
