Héctor Estrada
La denuncia penal interpuesta contra el aún presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Chiapas no es más que la consecuencia de una serie de irregularidades cometidas en contra de una minoría que solicitó su intervención positiva y sólo recibió abusos. Pero también se consuma como el mayor de los ejemplos de las omisiones y violaciones sistemáticas que, durante la gestión de Juan Oscar Trinidad Palacios, han agraviado a otros tantos sectores minoritarios.
Las omisiones, desacatos y delitos que ahora tienen a Trinidad Palacios ante la Procuraduría General de la República comenzaron en marzo de 2016 con la solicitud formal y respetuosa para lograr la intervención de la CEDH y su titular en torno a la omisión legislativa y discriminación que la población LGBTI estaba padeciendo con respecto a la lucha por el matrimonio igualitario en la entidad chiapaneca.
Las peticiones eran francamente sencillas: un pronunciamiento público sobre la problemática, la integración de un grupo interdisciplinario para abordar el tema y la presentación de un proyecto de ley para reformar los artículos de Código Civil local que impedían el matrimonio igualitario. Todo conforme a las atribuciones y obligaciones estipulados en el reglamento interno que rige a la propia Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Pero nada. Absolutamente nada de lo solicitado tuvo eco. La CEDH y Juan Oscar Trinidad decidieron guardar silencio y evitar a toda costa alguna reunión de los peticionarios. Las puertas se cerraron a una solicitud de urgencia que requería la intervención inmediata del principal órgano estatal de defensa a los derechos humanos.
Con lo que no contaba la CEDH es que esta vez sí habría implicaciones jurídicas. Por eso el 8 de junio de 2016 se interpuso la demanda de amparo indirecto 1382/2016 ante el Primero Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales del Estado de Chiapas que, tras realizar las respectivas diligencias y recibir respuestas insuficientes, resolvió el 3 de octubre en favor de los afectados, obligando a Trinidad Palacios a responder y cumplir con lo solicitado.
Pero Juan Oscar y la CEDH tenían una burla más bajo la manga. Para zafarse de la posible acción judicial el presidente de la CEDH publicó una inserción en periódicos de circulación estatal donde aseguraba que (en relación a la sentencia) ya había presentado formalmente la iniciativa de reforma ante el Congreso de Chiapas, utilizando dicha publicación como prueba de cumplimiento en el juicio federal. Si embargo eso realmente jamás sucedió.
Tras solicitar legalmente copias certificadas tanto a la CEDH como al poder legislativo, fue el propio Congreso de Chiapas quien terminó desmintiendo a Trinidad Palacios con un documento oficial en el que aseguraba nunca haber recibido ninguna iniciativa hasta el mes de junio de presente año, dando vista inmediata al juez que había determinado el juicio de amparo. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos había mentido flagrantemente en declaraciones e informes a la justicia federal.
Por eso la denuncia penal iniciada el pasado 23 de agosto ante la Procuraduría General de la República, bajo carpeta de investigación FED/CHIS/TGZ/0001354/207, en la que se constatan todas las pruebas de contradicción y falsedad en declaraciones. El asunto es grave por donde se le quiera ver, pues configura delitos establecidos en el artículo 247 fracción V del Código Penal Federal el artículo 21 constitucional.
Se trata del primer caso en que un ombudsman chiapaneco es llevado a las instancias penales por un delito tan grave. Juan Oscar Trinidad Palacios ha sido expuesto, con pruebas fehacientes, como un claro violador de los derechos humanos y trasgresor de las leyes. Su permanencia en la CEDH ha sido vergonzoso y turbia, por lo que desde hace mucho debió haber sido separado del cargo.
No sólo es una persona deficiente para ostentar cargos tan importantes como el que ahora posee, también es un peligro rotundo para los derechos humanos y la justicia misma. El Congreso de Chiapas debe llamarlo a cuentas y alejarlo de manera inmediata de toda responsabilidad que implique la garantía, protección y promoción de los derechos constitucionales… así las cosas.
