* Debe más de 21 millones de pesos por irregularidades fiscales en 2008 y 2009.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ha confirmado que Elba Esther Gordillo Morales, exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), debe al Servicio de Administración Tributaria (SAT) un crédito fiscal de más de 21 millones de pesos. La deuda se originó por irregularidades en sus declaraciones de impuestos correspondientes a los años 2008 y 2009, durante el sexenio de Felipe Calderón.
Durante la sesión de la Sala Superior, los magistrados del TFJA aprobaron por unanimidad el proyecto presentado por el magistrado Carlos Chaurand Arzate. Este resolvió como infundados los argumentos de Gordillo, quien afirmó que las pruebas que presentó no fueron debidamente valoradas para desvirtuar la legalidad de la resolución fiscal.
El SAT había determinado el crédito fiscal en octubre de 2021, señalando que las inconsistencias se encontraban en depósitos bancarios, pagos con tarjeta de crédito y erogaciones realizadas a cuenta de un tercero. A pesar de los alegatos de Gordillo, los magistrados concluyeron que no se comprobó que los ingresos observados fueran erogaciones de representación del SNTE.
Gordillo, quien dirigió el SNTE durante 24 años, tenía una significativa influencia política durante el gobierno de Calderón. Sin embargo, su poder se desplomó al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando fue encarcelada por desvío de recursos. Permaneció en prisión hasta agosto de 2018, ya bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En su defensa, Gordillo argumentó que la autoridad fiscal no realizó el procedimiento de determinación presuntiva establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Además, denunció que se violaron su garantía de audiencia y derechos humanos al no valorar adecuadamente las pruebas presentadas en octubre de 2021 para desvirtuar las observaciones del SAT.
Finalmente, el TFJA ratificó la validez del crédito fiscal determinado por el SAT, indicando que Gordillo no logró presentar la documentación necesaria para justificar los movimientos financieros cuestionados. Así, se mantuvo la presunción de legalidad del adeudo, dejando a Gordillo con la obligación de saldar su deuda fiscal.
