* La resolución judicial establece que las obras solo podrán continuar si se cumplen estrictamente las obligaciones de inspección y protección de ecosistemas en la zona Cancún-Tulum
Un Tribunal Colegiado concedió una suspensión definitiva relacionada con el Tramo 5 del Tren Maya, con lo que ordenó a autoridades federales ambientales reforzar las labores de inspección, vigilancia y protección de los recursos naturales en el tramo que conecta Cancún y Tulum, en Quintana Roo.
La resolución deriva de un amparo promovido por la organización ambientalista Sélvame del Tren. El órgano judicial validó los argumentos de la parte quejosa y estableció que las obras solo podrán continuar si las dependencias cumplen con las obligaciones legales en materia ambiental mientras se resuelve el litigio de fondo.
El fallo instruye de manera directa a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), particularmente a su Subprocuraduría de Recursos Naturales, así como a otras áreas competentes, a realizar verificaciones e inspecciones permanentes en la zona. También ordena atender cualquier denuncia o señalamiento ciudadano sobre posibles afectaciones ambientales.
El tribunal precisó que la suspensión no implica la cancelación automática del proyecto, pero sí obliga a garantizar la conservación de ecosistemas considerados de alta fragilidad, como selvas, cenotes, cavernas y sistemas de acuíferos subterráneos. En caso de detectarse riesgos para estos entornos, las autoridades deberán intervenir de inmediato.
El Tramo 5 ha sido uno de los segmentos más controvertidos del proyecto ferroviario debido a la presencia de sistemas kársticos, biodiversidad sensible y flujos hidrológicos subterráneos. Desde el inicio de su construcción, ha enfrentado amparos y litigios impulsados por colectivos y habitantes de la región que cuestionan posibles impactos ambientales.
En paralelo, informes de organizaciones civiles han documentado deforestación, fragmentación de hábitats y alteraciones en cuerpos de agua en distintos puntos de la Península de Yucatán. También han señalado efectos sociales y económicos asociados al desarrollo del proyecto, como presión inmobiliaria y cambios en el uso de suelo.
