* Acusan falta de consulta, devastación ambiental y militarización en la región Istmo-Costa de Chiapas.
Redacción / Alfaro Noticias
Comunidades de al menos cinco municipios de la región Istmo-Costa de Chiapas han denunciado daños ambientales, despojo territorial y amenazas por la extracción de materiales pétreos que forman parte de las obras del Tren Transístmico. El proyecto, impulsado por el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), ha despertado preocupación entre habitantes de Pijijiapan, Tonalá, Arriaga, Mapastepec y Escuintla.
En la comunidad La Central, del municipio de Pijijiapan, pobladores reportan que al menos 10 hectáreas han sido devastadas por la apertura de bancos de material pétreo. Las máquinas ingresaron sin consulta previa ni autorización de las autoridades comunitarias, lo que ha generado tensión social. “Nuestra agua se está agotando, los manantiales están bajando”, denunció una habitante de la zona.
Las denuncias fueron documentadas por el Centro de Lengua y Cultura Zoque, que recientemente acompañó a las comunidades afectadas. En sus registros, habitantes expusieron cómo la deforestación y el uso intensivo de maquinaria pesada han dañado el entorno, además de alterar la vida comunitaria. También se reportaron presiones para vender tierras bajo amenaza de despojo.
Los trabajos de extracción de grava y piedra se realizan también en los municipios de Tonalá y Arriaga. Aunque en estas zonas hay menor visibilidad mediática, organizaciones sociales han señalado que las condiciones son similares: afectaciones ambientales, ruptura del tejido social y ausencia de consulta indígena o ciudadana.
En Mapastepec y Escuintla, el impacto ha sido más difuso, pero también se han identificado zonas intervenidas por el proyecto. Integrantes de las comunidades señalan que los trabajos se desarrollan sin información clara, lo que impide una participación informada de la población. En todos los casos, existe preocupación por la destrucción de ecosistemas y el acceso al agua.
Las comunidades exigieron la cancelación de los trabajos extractivos, el respeto a sus derechos colectivos y una auditoría ambiental independiente. También han solicitado la intervención de organismos de derechos humanos ante el temor de represalias y la militarización de la región. Hasta el momento, no hay respuesta oficial por parte del gobierno federal ni del CIIT.
