* El alto costo de insumos y la competencia informal dificultan aplicar la propuesta del Gobierno Federal
Redacción / Alfaro Noticias
Productores de tortilla chiapanecos aseguran que no es viable reducir el precio del kilogramo, como propone el Gobierno Federal, debido a los elevados costos de operación y la creciente informalidad en el sector.
La propuesta oficial plantea una disminución del 10 por ciento en el precio de la tortilla durante el sexenio, con una primera reducción del 5 por ciento en los primeros seis meses. Sin embargo, empresarios agrupados en la organización Somos Chiapas señalaron que los precios de insumos clave, como el gas, la electricidad y la harina de maíz, siguen al alza.
“El precio de la harina ronda entre los 16 mil y los 18 mil 500 pesos por tonelada, y el maíz puede alcanzar hasta 10 mil. A esto hay que sumarle los servicios, salarios y cargas fiscales”, explicó Eliaquín Velasco Anzueto, presidente de la agrupación.
En Chiapas existen alrededor de 8 mil tortillerías, de las cuales, estiman los empresarios, un 60 por ciento opera de manera informal. Este segmento, indicaron, no cuenta con permisos ni regulaciones sanitarias y representa una competencia directa para quienes sí están registrados y pagan impuestos.
Los industriales también señalaron que en ciudades como Tuxtla Gutiérrez, más de la mitad de las mil 200 tortillerías operan fuera del marco legal. Aun así, aseguraron que la vigilancia por parte de las autoridades es escasa, tanto en materia sanitaria como en verificación comercial.
Durante una conferencia de prensa, representantes del gremio solicitaron que, antes de hablar de reducciones en el precio final, se revisen las condiciones en las que se produce y comercializa la tortilla en el estado. Entre sus propuestas están el fortalecimiento de la inspección a la informalidad, el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 187 y posibles apoyos para el sector formal.
José Luis Gómez Aguilar, consejero de Somos Chiapas, y Abel Hernández Oliva, presidente nacional del gremio, coincidieron en que las condiciones actuales no permiten aplicar de inmediato un recorte de precios sin afectar la sostenibilidad del negocio, sobre todo en regiones donde la inseguridad y la falta de servicios siguen siendo un reto.
