* Aunque se reconoció el acto, el TEPJF no puede imponer sanciones efectivas al presidente debido a su protección constitucional.
La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el presidente Andrés Manuel López Obrador cometió actos de violencia política de género contra Xóchitl Gálvez, ex candidata presidencial del bloque opositor. Esta decisión, sin embargo, no conlleva una sanción efectiva contra el mandatario debido a su protección constitucional.
La resolución se basó en declaraciones de López Obrador en ocho conferencias matutinas entre julio y agosto de 2023, donde afirmó que Gálvez obtuvo su candidatura por decisión de un grupo de personas con poder político, y que su imagen como mujer de pueblo buscaba causar simpatía en el electorado. La Sala Especializada consideró que estas declaraciones constituyen violencia simbólica, al menoscabar los derechos políticos de Gálvez y reforzar estereotipos de inferioridad y dependencia.
Pese a la determinación, la Sala Especializada explicó que no tiene la facultad de incluir al presidente en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género, ni de imponer otras sanciones debido a su fuero constitucional. La decisión se mantendrá en lo simbólico, aunque establece una responsabilidad moral y política.
Además de López Obrador, la Sala responsabilizó a varios funcionarios de la Presidencia, incluyendo a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social, y otros encargados de la difusión del contenido infractor. Se dio vista al Órgano Interno de Control de la Presidencia de la República para que determine las acciones correspondientes contra estos funcionarios.
Xóchitl Gálvez había denunciado al presidente por violencia de género en once conferencias, pero la Sala Especializada descartó la mayoría de estas denuncias, exceptuando las relacionadas con las afirmaciones sobre su candidatura. Gálvez sostuvo que la intervención del presidente menoscabó el reconocimiento de sus derechos políticos y su trayectoria como funcionaria pública.
