* Algunas decisiones del tribunal también señalan a funcionarios por el uso indebido de recursos públicos.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha confirmado que el presidente Andrés Manuel López Obrador infringió los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad durante el proceso electoral 2023-2024 al utilizar sus conferencias matutinas para difundir propaganda gubernamental. En sesiones del 17 de julio, el tribunal ratificó tres sentencias que señalaron al mandatario por intervenir en la contienda electoral a través de sus “mañaneras” los días 21 y 22 de marzo, y 12 de abril de 2023. Estas intervenciones fueron consideradas contrarias al carácter institucional y educativo que deberían tener esos espacios, impactando negativamente la equidad del proceso electoral.
El presidente López Obrador y varios funcionarios de su administración, incluyendo a Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Zoé Robledo, director del IMSS, fueron señalados por el uso indebido de recursos públicos. Según el TEPJF, la difusión de propaganda durante periodos prohibidos y la promoción de candidaturas específicas violaron normas constitucionales. Se enfatizó especialmente la defensa de Rocío Nahle y Cuitláhuac García durante las conferencias de marzo.
En otra resolución, se determinó que las conferencias del 9 y 11 de mayo de 2023 también vulneraron los principios electorales al mencionar el Plan C y la importancia de una mayoría calificada en el Congreso, lo cual podría haber influenciado a los votantes. Estas acciones fueron interpretadas como un llamado a apoyar una opción política particular.
A pesar de estas determinaciones, el presidente López Obrador no puede ser sancionado por violaciones de índole electoral según la Constitución. El mandatario ha anunciado que apelará las decisiones del TEPJF, argumentando que los magistrados actúan bajo influencia de grupos opositores y que las sanciones buscan limitar su derecho a la libre expresión y el derecho a la información de la sociedad mexicana.
El TEPJF también señaló a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría del Trabajo por incurrir en prácticas similares, utilizando recursos públicos y programas sociales para influir en la contienda electoral. En respuesta, López Obrador ha afirmado que los procedimientos carecen de fundamentos sólidos y que las acusaciones no consideraron adecuadamente sus testimonios y pruebas, lo cual considera una violación a sus derechos constitucionales y a tratados internacionales.
