Manuel Ruiseñor Liévano
VICTORIA PÍRRICA
La primera cuestión que suele preguntarse en materia jurídica en torno a un hecho y sus consecuencias, es a quién beneficia; lo que en buen latín se escribe <<qui>> o <<cui prodest>>. Se trata de una expresión basada en la premisa de que los actos humanos suelen tener un motivo. Y si no hay un culpable obvio, el beneficiario es el primer sospechoso.
Dicho lo anterior, vale la pena preguntarse: ¿A quién beneficia finalmente el revés propinado al llamado Plan “A” de Reforma Electoral de la presidenta de la república, al no alcanzar en el pleno de la cámara baja el voto de dos terceras partes de los legisladores, requerido para lograr la mayoría calificada de ley?
En el debate, la oposición (PAN. PRI, MC) perseveró en su postura de no apoyar la reforma, al argumentar que no atiende los problemas del país y al calificarla de “muerta” desde su concepción. Por otros motivos, relacionados con prerrogativas económicas y también de cuotas en escaños, igualmente los legisladores del PVEM y del PT desdeñaron el proyecto de constitucional de reforma.
De esa manera, la iniciativa no obtuvo los votos necesarios en la Cámara de Diputados, para la mayoría calificada (334 votos), lo que representó un revés para el oficialismo y, acaso, un golpe mayor a la figura de la Jefa del Poder Ejecutivo.
No obstante la victoria de los adversarios del partido mayoritario, no se puede dejar de considerar que su estrategia centrada en la resistencia, corre aún el riesgo de ser vista como una obstrucción que impide mejoras al sistema electoral, lo que podría reducir su apoyo ciudadano en futuras contiendas.
De ahí que, a nuestro parecer, la oposición antes de celebrar y echar las campanas al vuelo, sólo porque logró frenar la reforma, debe tener cuidado porque esa postura podría desgastar su capital político a largo plazo, al no tener mayores rieles para encaminar su ruta al 2027 y peor aún con rumbo a las elecciones presidenciales del 2030. Cuidado, porque ese primer revés dado al gobierno puede ser al final una victoria pírrica y nada más que eso.
Lo que no pueden perder de vista los partidos opositores e incluso las insignias políticas aliadas a MORENA, es el llamado “Plan B”, mismo que — tras el rechazo legislativo— se aparece como el nuevo camino a seguir en el entendido de que se tratará de reformas secundarias de ley, las cuales no requieren mayoría calificada y pretenden realizar cambios estructurales, lo que haría que la victoria de la oposición, insistimos, sea pírrica.
Dicho de otro modo, aunque la oposición detuvo la reforma electoral, el costo político y la inminente aplicación de leyes secundarias, con el “Plan B”, se percibe sólo como una victoria más simbólica que funcional.
Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas para el oficialismo. A pesar del avance se reportaron fracturas internas en Morena y un posible fracaso presidencial al no concretar la mayoría calificada en el primer intento.
La oposición gana la votación legislativa (evita el cambio a la Constitución), pero corre el riesgo de perder la batalla operativa si el oficialismo logra imponer su visión de reforma a través de leyes secundarias o mediante el desgaste institucional.
NADA QUÉ CELEBRAR
Francamente nada hay que celebrar porque el pleno de la Cámara de Diputados haya desechado la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Es, como ya subrayamos, una victoria pírrica de la oposición porque los cambios requeridos por el régimen se darán en las leyes secundarias, tal y como estaba planteado desde un principio en el llamado “Plan B”, cuando legisladores del Partido de Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM) hicieron patente su decisión de no votar a favor para impedir que se tuviera la mayoría calificada y lograr la reforma constitucional.
LO POSIBLE ENTRE LO DESEABLE
Queda claro que el llamado “Plan B” de la reforma electoral buscará eliminar el fuero a gobernadores, legisladores tanto federales como locales y alcaldes, así como también cambiar la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) y reducir el gasto en las elecciones. Y no lo decimos nosotros sino el propio coordinador de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila.
En cuanto a la eliminación del fuero constitucional a los legisladores, ya existe una propuesta del diputado Alfonso Ramírez Cuellar de Morena, la cual que podría ser tomada en cuenta para realizar los cambios necesarios en las leyes secundarias.
Y aunque la propuesta de cambiar la estructura del INE a través de la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (Ople’s), ha propiciado fuertes debates porque desde su creación se han llevado a cabo procesos electorales sin mayores problemas en todo el país, algunos analistas políticos creen que permanecerán las Ople´s, a efecto de dar certeza a los procesos electorales, sobre todo si se tienen ahorros en caso de que se reduzcan las prerrogativas a los partidos políticos, cuyo tema todavía sigue causando polémica. Si no, pregúntele usted al PVEM y al PT.
¿SE ACABARÁN PRIVILEGIOS DE LOS PARTIDOS?
Apenas ayer en su conferencia matinal, así lo expresó la presidente de México, con la convicción de que la corrupción dejará de campear en las entidades de interés público, llámese partidos políticos, los cuales reciben recursos públicos excesivos.
Dijo que las reformas tiene el motivo de disminuir y acabar con esos privilegios, donde también se incluye al propio árbitro electoral, el INE. No está mal la propuesta, el problema sigue siendo la fiscalización y, de otro lado, la equidad en la contienda.
Otro aspecto que es digno de la mayor atención, es que, llegue como llegue, la Reforma Electoral estará dejando un vacío legal importante, toda vez que no contempla la cancelación de las candidaturas en caso de que se detecte un financiamiento ilegal en las campañas políticas. Una práctica tan al uso elección tras elección y que ha hecho llegar a los alcaldías y gubernaturas a personajes vinculados al crimen organizado. Si no, recuérdese aquí el caso del ex presidente municipal de Tequila, Jalisco, y muchos más incluido Chiapas.
Lo deseable entre todos los riesgos que se corren cada proceso electoral, es que puedan haber enmiendas en las leyes secundarias para evitar omisiones en la vigilancia financiera de los procesos electorales, especialmente ahora que está en marcha la llamada “Operación Enjambre”, la cual ha logrado detectar ilícitos en varios municipios, principalmente en el Estado de México y Jalisco.
A MANERA DE COLOFÓN
¿TENDRÁ MÉXICO LA REFORMA QUE SE MERECE?
Aunque pueda sonar a verdad de perogrullo, en los procesos electorales la política y la ley, la ley y la política, están destinadas a servir para regular, organizar y garantizar legalidad, equidad y transparencia en la renovación pacífica de los poderes públicos.
Para establecer las reglas del juego, para asegurar que el sufragio sea libre, directo y secreto, legitimando así la democracia y la confianza ciudadana. Cualquier cuestión distinta a estos principios y propósitos, es un atentado contra la sociedad.
De un lado, cumplir con las formas y tiempos; y de otro, actuar con estricto apego a la norma constitucional como ley suprema de la nación.
¿Tendrá México la reforma constitucional electoral que merece? ¿Un paso adelante o dos pasos atrás? Ya veremos, porque dicho coloquialmente la pelota sigue rebotando en la cancha del gobierno.
