Rodulfo Reyes
Ayer se dieron dos hechos que demuestran que el principal grupo delictivo de Tabasco está dando “patadas de ahogado”. Estos indicadores se vieron tanto en el terreno de la violencia de a pie como en el de la delincuencia política.
La primera señal se dio en una columna periodística de la capital del país que “reveló” una “lista” de actuales funcionarios “involucrados” con el ex funcionario que dirigió la Secretaría de Seguridad mientras era, según las autoridades, cabecilla de La Barredora.
Con el encabezado “La red de Hernán Bermúdez en Tabasco sigue intacta”, se ofrece una relación de funcionarios del gobierno actual (tanto federal como estatal) que deben ser llamados a declarar ante las autoridades por haber trabajado con el ex secretario de Seguridad.
En dicho texto se nota la desesperación (¿”patadas de ahogado”?) de quien mandó a insertar la información: su autor reconoce que los ex gobernadores Adán Augusto López Hernández y Carlos Merino Campos protegieron al prófugo de la justicia.
Además de López y Merino se pide que comparezcan ante la ley los siguientes funcionarios:
José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno, quien fue subsecretario de Asuntos Fronterizos y Derechos Humanos en el sexenio anterior; Francisco Javier Zúñiga Hernández, quien fue director del Sistema de Seguridad de Tabasco (sic) y también jefe de departamento de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y hoy es secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; Daniel Casasús Ruz, quien fue director del Instituto de Vivienda de Tabasco y coordinador de los Programas del Bienestar en Tabasco, y hoy es secretario de Ordenamiento Territorial y obras públicas; Pablo Jiménez Pons y Arturo Priego; Jiménez Pons es director de Planeación en la Secretaría de Planeación; Jorge Orlando Bracamonte Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tabasco y diputado en el pasado sexenio; Adriana Patricia Méndez Denis, quien fue coordinadora Jurídica de la Secretaría de Seguridad estatal y hoy es la subconsejera de Asuntos Jurídicos del gobierno estatal; Lulú Ruiz Pavón, quien fue la vocera de la Secretaría de Seguridad y ahora trabaja en el Museo Papagayo; Sheila Guadalupe Cadena Nieto, quien fue directora del Instituto de la Juventud de Tabasco y luego secretaria de Desarrollo del Medio Ambiente; hoy es titular de esta última dependencia; Rafael Elías Sánchez Cabrales, actual secretario de Movilidad, fue diputado local en el pasado sexenio; Octavio Romero Oropeza, ex director de Pemex y hoy titular de Infonavit; Jorge Suárez Moreno, exalcalde de Tenosique y actual diputado federal (sic); Katia Ornelas, exdiputada priista y hoy secretaria de Turismo del gobierno tabasqueño.
Todos los mencionados, según ese espacio, eran allegados a Hernán Bermúdez, ¡hasta Octavio Romero!
Aunque menciona a tres ex diputados de la pasada Legislatura, la columna omite al anterior presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Jaime Lastra Bastar, a quien se ubica como el verdadero padrino del presunto jefe de La Barredora.
Que se haya dejado fuera a Lastra Bastar da pistas sobre quién hizo llegar la “lista”.
También ayer la banda criminal perseguida por la federación y el estado causó la muerte de tres personas en dos hechos de violencia, lo que viene a ser un repunte en los homicidios dolosos en la tierra del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al filo de las 16 horas de este jueves se reportó un ataque armado que dejó dos muertos sobre la carretera Huimanguillo-Chontalpa, a la altura del poblado Tierra Nueva segunda sección.
Las víctimas viajaban en una moto cuando fueron rafagueados por sujetos que iban en camionetas.
Por la madrugada fue baleada una casa en la colonia Las Gaviotas Sur, con un saldo de un fallecido y tres lesionados.
El repunte de la violencia, aunque sin los niveles de horror de finales del año pasado y principios de este, muestra la reacción de la delincuencia ante los últimos golpes que le han asestado las autoridades.
Entre los golpes demoledores se cuenta las capturas recientes de Arturo «N», El Vampiro, y Jorge Iván «N», El Sureño; este último lugarteniente de Ulises «N», El 88, segundo en el organigrama de la organización criminal cuya responsabilidad las autoridades atribuyen al ex secretario de Seguridad que desde el 14 de febrero pasado cuenta con una orden de aprensión por asociación delictuosa, secuestro y extorsión.
